En el marco de una reunión de trabajo que sostuvieron con el Gobernador del estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, para analizar la actualización de las leyes estatales en materia de protección a víctimas en la entidad, conforme la normatividad que obliga la Ley General de Víctimas, Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) externaron su preocupación por la situación que viven las niñas y los niños con discapacidad en la Huasteca Potosina, quienes sufren una marginación extrema por las condiciones de inaccesibilidad a la que se enfrentan en los distintos municipios que comprenden esta región de San Luis Potosí.
El Comisionado Presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, y los Comisionados Julio Hernández Barros, Carlos Ríos Espinosa y Rosario Torres Mata, se pronunciaron por llevar a cabo acciones urgentes en coordinación con las autoridades estatales, a fin de solicitar los fondos federales que actualmente existen para garantizar la accesibilidad y movilidad de los niños de la Huasteca, y en general, para todas las personas con discapacidad en la entidad.
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En la reunión de trabajo, la y los Comisionados destacaron que la accesibilidad es una condición fundamental para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, como su derecho de acceso a la justicia, y enfatizaron que cuando se habla de discapacidad no se debe referir a un asunto individual o privado, sino a un tema de carácter colectivo y público que compete a toda la sociedad.
En este sentido, subrayaron que la Constitución prohíbe explícitamente la discriminación motivada por las discapacidades, además de establecer que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como su deber de prevenir, sancionar y reparar las violaciones que sufran en el ejercicio de sus derechos.
El Comisionado Carlos Ríos Espinosa puso especial énfasis en que la falta de accesibilidad genera víctimas y mencionó que los derechos de las personas con discapacidad comprenden, entre otros, el derecho a la dignidad, la autonomía individual, la independencia, a la no discriminación, así como a la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, por lo que afirmó que es fundamental desarrollar las acciones necesarias para garantizar el acceso a los espacios, la infraestructura, los servicios y a todos los aspectos necesarios para su participación social más amplia y favorable.