Mónica Arriola, senadora de Nueva Alianza, presenta un punto de acuerdo para que autoridades atiendan la problemática de los jornaleros agrícolas.
La senadora del Partido Nueva Alianza Mónica Arriola presentó un punto de acuerdo en el cual solicita a la Comisión Permanente exhorte a las autoridades federales y de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora en materia de trabajo y salud, a que tomen acciones para garantizar el respeto de los derechos laborales y humanos de los jornaleros agrícolas migrantes.
En el documento, que será presentado en la sesión de este miércoles, Arriola Gordillo hace referencia al reportaje publicado en un periódico de divulgación nacional.
Se trata de historias de jornaleros de los ranchos de Vizcaíno, Baja California Sur, que ha implementado un sistema de seguridad y explotación laboral de corte feudal con mayordomos vigilando a los jornaleros que recolectan la fresa de temporada.
La senadora Arriola Gordillo señala que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el INEGI, se estima que hay 2.5 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales aproximadamente 700 mil son migrantes.
«Todos en general, pero en particular los migrantes, enfrentan precariedad del empleo, en el tránsito migratorio y en sus condiciones de vida. Se trata de un grupo social vulnerable, y si son indígenas, esta situación se acrecienta y genera una exclusión social aún más grave».
Arriola Gordillo señala que entre las irregularidades que dieron a conocer, es preocupante que los jornaleros tengan que aceptar una jornada y condiciones irregulares, pues a pesar de que el pago es por jornal -que está regulado a ocho horas-, las empresas ponen mecanismos para que los jornaleros llenen una cierta cantidad de cubetas o recorran un número determinado de surcos.
«Si no los cubren, no les pagan el jornal, además, trabajan sin prestaciones, sin jornada de trabajo fija, sin contrato de trabajo, sin continuidad en la contratación, y si son migrantes enganchados, la mayoría de los albergues a los que llegan son insalubres y faltos de servicios básicos».
En el punto de acuerdo también se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH para que realice una investigación sobre presunta violación de los derechos de los jornaleros agrícolas migrantes y tome las medidas a efecto de que las autoridades sancionen a quienes hayan incurrido en alguna infracción.
