La senadora del PAN, Adriana Dávila, pidió a los gobiernos federal y estatales a no dar tregua en delitos como el secuestro al señalar que hay factores que permiten el repunte de este delito
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Adriana Dávila Fernández, urgió a los gobiernos federal y estatales a concretar los planes de coordinación y combate a la delincuencia en México.
“El secuestro se debe combatir de manera frontal y no debe haber tregua por parte de los gobiernos federal y estatales, porque hay una serie de factores que están agravando el problema”, expuso tras advertir un repunte en este delito.
En entrevista la senadora del Partido Acción Nacional (PAN ) expuso que lograr una economía sólida con empleos bien pagados será una de las formas en que se puedan combatir los índices de inseguridad que prevalecen en la actualidad.
Luego, dijo, los gobernadores deben estar obligados a informar lo que sucede en sus entidades, sin maquillar cifras y asumiendo su responsabilidad de coordinación con las autoridades federales en su ámbito de competencia.
Mientras que el Poder Judicial de la federación debe asumir también su responsabilidad respecto de las sentencias que tiene que emitir al momento de encontrar los elementos suficientes para castigar a los secuestradores y a cualquier otro delincuente, insistió.
La senadora por Tlaxcala declaró que lo primero que se debe hacer es buscar la forma de no padecer la negligencia de las instituciones estatales en lo correspondiente a la procuración e impartición de justicia.
Ya que además de que no se reporta el número de secuestros que se registran, en la integración de las averiguaciones previas hay autoridades que exoneran a secuestradores y los dejan en libertad.
“Uno de los problemas que tenemos para efectos de la información es que no existe un sistema único de información que nos permita tener rendición de cuentas de los gobernadores respecto de ese tipo de delitos, porque terminan siendo tan autónomos que no hay nadie que les pida cuentas” , comentó.
La también presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas estableció que, sin restarles autonomía, lo fundamental debe ser que en los gobiernos estatales existan mecanismos de rendición de cuentas mucho más claros.
“Los Poderes Ejecutivo y Judicial, desde las procuradurías, deben tener una mayor vinculación para no mezclar una cosa con la otra, respecto de la aplicación de las normas y las leyes” , planteó la legisladora federal.
