El diputado José Francisco Martínez Ibarra presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí y del Código Penal del Estado, a fin de establecer las causales para el divorcio necesario y eliminar la conducta de adulterio como delito dentro de la legislación local.
En su exposición de motivos, el legislador manifestó que en lo referente al divorcio necesario se propone la reforma al artículo 87 del Código Familiar relacionado a las causales de divorcio necesario, a fin de establecer que las conductas de violencia familiar cometidas por un cónyuge contra otro, o hacia los hijos de ambos se considerarán siempre y cuando exista una previa resolución de una autoridad competente.
Expone que es necesario que cuando una persona considere que ha sido víctima de violencia familiar lo haga del conocimiento a las autoridades, quienes la orientaran en el procedimiento a realizar y que esto sirva de certeza para un tribunal al poder ser ofrecida como prueba en juicio ordinario respectivo.
“La connotación de violencia es delicado y no se debe jugar con ello, por ello es necesario que cuando una persona considere que ha sido víctima haga del conocimiento a las autoridades quienes la orientaran en el procedimiento y en base a estudios que arrojen los daños generados, por lo tanto para mayor certeza de un tribunal se propone que para exponer la mencionada causal para disolución del vínculo matrimonial haya mediado sentencia previa en la que se resuelva la existencia de dichas conductas, misma que podrá ser ofrecida como prueba en juicio ordinario respectivo”.
Asimismo, el legislador propone derogar el capítulo de VI, que contiene los artículos 174, 175 y 176 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, en referencia al delito de adulterio, luego que es una conducta que fue ya derogada del Código Penal Federal.
Detalla que este delito se constituyó como tal hace ya varios años, el cual comenzó bajo el esquema de castigo hacia el género femenino de forma discriminatoria, aunque actualmente es más sancionada desde el punto de vista moral que punible, razón por la cual también ha sido derogada de la legislación de otras entidades como Tabasco, Coahuila, Estado de México entre otros.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Justicia; y, Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado.
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