Hoy viernes está terminando en Cancún, Quintana Roo, la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en una revisión del financiamiento internacional para proyectos ambientales, en relación al cual se abordan “los desafíos globales del medio ambiente en el contexto del desarrollo sustentable”. Durante su participación en la Asamblea, el presidente Enrique Peña Nieto declaró, con optimismo desbordado, que las reformas que su administración impulsa son “para lograr una expansión económica elevada, sostenida y sustentable, un crecimiento verde”.
Ojalá que así sea, pues se trata de una necesidad insoslayable, ya que, además de la desigualdad económica y social y de la inseguridad, el otro grave riesgo que limita en la actualidad el gran potencial de México es el deterioro ambiental, manifiesto en muchas partes del territorio nacional y con multitud de infractores.
Claro, por creación de programas o instituciones no paramos, pero faltará comprobar su eficacia. Ya contamos con el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018, pero ¿será éste, o el nuevo organismo que se proyecta, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, capaces de manejar los retos ambientales implícitos en la reforma energética?
La construcción en el sexenio actual de casi 7 mil kilómetros de gasoductos y de grandes obras de infraestructura para el manejo de hidrocarburos en seis puertos afectará intensamente el entorno ambiental además de la vocación, usos y derechos de paso de los terrenos donde sean localizados. A sus propietarios, sean privados o comunales, se les debería asegurar con anticipación la permanencia de sus modos de vida o, de no ser ello posible, una adecuada indemnización.
Contamos ya con el Plan Nacional Hídrico 2013-2018 y pronto se propondrá una nueva Ley General de Aguas. Esperemos que puedan resolver adecuadamente los problemas derivados de la explotación de las que se dice son grandes reservas de petróleo y gas de lutitas o esquistos, realizada bajo la técnica de fracturación hidráulica (fracking) que utiliza y contamina grandes cantidades de agua, uno de los recursos naturales escasos en nuestro país (a pesar de sus más de 10 mil kilómetros de costas).
El agua dulce es también un elemento esencial en la explotación de las minas de cobre, tanto así que en algunos países pueden ser necesarias plantas desaladoras de agua de mar para conseguir los suministros (“Sufre minería de cobre por falta de agua”, The Wall Street Journal, Reforma, 22may14).
Y qué más decir de los serios problemas no resueltos de contaminación del agua de nuestros ríos, lagos y depósitos por los incontrolados desechos de ciudades y pueblos, de industrias, de explotaciones ganaderas, de pesticidas sintéticos y fertilizantes.
En el Distrito Federal y en la Zona Metropolitana del Valle de México los conflictos por el agua, como el actual en San Bartolo Ameyalco, van a ser rutina muy pronto, pues no se ha previsto, como se debiera desde hace mucho, ni la racionalización y el ahorro en el uso del líquido ni el apropiado aprovechamiento del agua de lluvia que cae en buenas cantidades.
Pero, eso sí, ya se afirma que el próximo mes de julio se dará inicio formal a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la zona de Texcoco, polémica obra que va a requerir un minucioso esfuerzo de reordenación hidráulica, conservación y/o recuperación ecológica y de desarrollo urbano en toda esa área.
Sabemos también del muy bajo porcentaje de basura que se controla o se recicla, de los serios problemas de la contaminación del aire y las fuertes emisiones de gases tóxicos y de efecto invernadero, de nuestra baja eficacia en el consumo de energía por cada unidad de producción.
¿Se va a dar el visto bueno al megacentro turístico que inversionistas chinos pretenden construir en Cabo Pulmo, Baja California Sur, a pesar de los severos problemas ambientales y de impacto social que provocaría en esa zona?, ¿o el otro proyecto turístico Marina Azul en 500 hectáreas al norte de La Paz en el mismo estado? ¿O la construcción del megacentro de distribución comercial Dragon Mart en Quintana Roo? En la Selva Lacandona, incluida la Reserva de la Biósfera Montes Azules, la ley no se respeta, como denuncia Julia Carabias… y sufre por ello.
Y no nada más allí; un nutrido conjunto de connotados representantes de la sociedad civil organizada, de instituciones académicas y de ciudadanos han expresado también esta semana en los medios sus preocupaciones por la invasión, el deterioro ambiental, la deforestación de las áreas naturales protegidas del país, “últimos refugios de nuestras preciadas riquezas naturales”, y proponen un “proceso colegiado de reflexión y análisis para valorarlas como un activo irremplazable”.
Por supuesto, la parálisis no puede ser alternativa de un acelerado desarrollo progresivo de la economía que tanto nos hace falta; pero tampoco hay que recaer en el burocratismo institucional, el conformismo inercial o el ahí la llevamos.
Esa evolución económica progresiva basada en la sustentabilidad es un esfuerzo de todos, y muy en particular de las empresas o corporaciones responsables.
Cultivado e impulsado por políticas públicas innovadoras y eficaces.
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