La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró a Alejandra Sota Mirafuentes, quien fue vocera del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Integrante del círculo íntimo de Calderón Hinojosa, Sota Mirafuentes era señalada por panistas por contar con un departamento en la colonia Del Valle antes de llegar a la Presidencia de la República y cerrar el sexenio con una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, la zona residencial más cara de la capital.
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Luego, a principios de agosto de 2013, el noticiero de Carmen Aristegui en MVS documentó que amigos suyos con quienes estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre ellos Yamil Nares Feria, recibieron contratos del gobierno federal.
Según el programa, la empresa Defoe obtuvo contratos del IMSS, Presidencia de la República y de Conaculta, principalmente, por un monto que superaba 36 millones de pesos en el sexenio en el que Alejandra Sota fue coordinadora de Imagen y luego vocera presidencial.
Consultada al respecto por un Diario de circulación nacional, Sota Mirafuentes dijo que con la empresa Defoe mantuvo una relación “que establece la normatividad correspondiente en los términos establecidos por ley”.
Se buscó a la empresa Defoe a través del correo electrónico a contacto@defoe.com.mx y en la cuenta de Twitter de Yamil Nares Feria, pero no hubo respuesta.
Más pesquisas
Actualmente, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República investigan presuntas irregularidades en gastos de Comunicación Social en la Secretaría de Salud, también en la época en que Sota Mirafuentes era la máxima autoridad en materia de relación con medios de comunicación con Calderón Hinojosa.
La ex vocera presidencial aseguró que no tuvo ninguna vinculación y tampoco supo que hubiese irregularidades en el gasto del presupuesto en Comunicación Social en Salud mientras ella estuvo al frente de la oficina de prensa de Los Pinos.
El documento de exoneración de la SFP —cuya copia posee este diario— señala que inició una investigación sobre la evolución patrimonial de Alejandra Sota el 14 de agosto de 2013, con el expediente número DGII/DGAEP/048/2013.
La Secretaría de la Función Pública señala que requirió información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre el historial de Alejandra Sota, así como de su esposo, Benjamín Hill, incluidos sus dependientes económicos.
También solicitó datos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a las autoridades del Registro Público de la Propiedad de los estados de Sonora y Morelos, además del Distrito Federal, para cotejar sus bienes inmuebles.
La resolución de la Función Pública señala que “se concluye que hasta ese momento (del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012) los incrementos patrimoniales corresponden a los ingresos por conceptos de sueldos, salarios, honorarios, préstamos y créditos comprobados, obtenidos por el servidor público y cónyuge, motivo por el cual es procedente emitir el acuerdo de conclusión de investigación por falta de elementos”.
Abunda la resolución: “Los datos que arroja el resultado de la investigación en materia de evolución patrimonial no se advierte que exista una inconsistencia entre sus ingresos y sus erogaciones y consecuentemente mucho menos un aumento ilegítimo de su patrimonio”.
Concluye el documento que “es improcedente dar intervención a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, para que actúe conforme a sus atribuciones, siendo procedente archivar la presente revisión como concluida”.
En diciembre de 2012, la revista Forbes divulgó un listado de los 10 personajes más corruptos de 2013 en México, entre los que estaba Sota a lado de Elba Esther Gordillo, Genaro García Luna, Carlos Romero Deschamps y los ahora ex gobernadores Andrés Granier, Tomás Yarrington y Humberto Moreira.
La ex vocera presidencial del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa respondió en ese momento que “la corrupción no es una cuestión de percepciones, es un asunto de hechos” y que no había ningún elemento legal en su contra.
