El Pleno del Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para armonizarla con las disposiciones federales en materia electoral, donde destaca la obligación de la equidad de género.
Las reformas se realizaron derivado de la reforma Constitucional Federal en materia político-electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, de las cuales se desprende la imposición expresa a las legislaturas locales, entre ellas al Congreso del Estado de San Luis Potosí, a efecto de adaptar el marco normativo local a las nuevas disposiciones federales.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
Con estas reformas se pretende garantizar e instrumentar la forma en que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones de los poderes tradicionales del Estado, para esto se reconoce al referéndum y plebiscito como mecanismos de consulta popular.
De igual forma, se modificaron los principios del desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, donde se adiciona a los ya existentes, el principio de máxima publicidad en el desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.
El objetivo de la presente reforma es introducir la noción de máxima publicidad en materia electoral, lo cual se justifica porque la información generada y controlada por el Estado y el órgano electoral, federal y local, no es de propiedad e interés privado, toda vez que sus contenidos y usos potenciales conciernen a la colectividad. Dicho de otra forma, es pública por definición, además ha sido generada y conservada con recursos públicos.
También, se elimina dentro de las facultades del Congreso del Estado, el nombramiento autoridades electorales, porque con la creación del Instituto Nacional Electoral el Congreso de la Unión atrae la facultad de realizar los nombramientos correspondientes.
Asimismo,se desaparece el Tribunal Electoral como órgano permanente y especializado del Poder Judicial del Estado; nombramiento, duración y remoción de los encargos de magistrados electorales, y cambio del procedimiento electoral, pasando de dos a una instancia.
