Acusados de homicidio denuncian a ministeriales por violar derechos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó su Consejero-Presidente Jorge Vega Arroyo, recibió una queja formulada por cuatro elementos de la Policía Preventiva Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, quienes habrían sido objeto de incomunicación por parte de agentes de la Policía Ministerial que les imputaron la comisión de un delito de homicidio.
Vega Arroyo dijo que la queja presentada se orienta al hecho de que, tras la detención, se les negó el derecho a comunicarse con un abogado y con sus familiares.
El ombudsman dijo que la queja se recibió y esta ha derivado en una investigación para conocer si en efecto se les negó a los quejosos el ejercicio de su derecho a utilizar un teléfono para solicitar la presencia de un abogado para su defensa y asimismo para informar sobre su situación a sus respectivos familiares.
Ese fue en esencia el contenido de la queja formulada y lo que llevó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a tomar, la semana pasada, un acercamiento con los quejosos y, en el interés de conocer si estos, al momento de ejecutarse la aprehensión habrían sido objeto de tratos agresivos y violencia física por parte de sus captores.
Los agentes manifestaron que no fueron agredidos físicamente y que su queja se orienta a la negativa de su derecho a comunicarse con sus familiares y a solicitar telefónicamente la presencia de un abogado para iniciar su defensa respecto del delito de homicidio que se les imputa.
Los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos tomaron contacto con los quejosos y asimismo requirieron de la cooperación del Ministerio Público, para verificar las averiguaciones previas abiertas, en la independencia del impacto que se desprende de las acusaciones de homicidio.
Por el momento las quejas y las pruebas aportadas por el Ministerio Público se encuentran en proceso de análisis, con la finalidad de determinar si en efecto se violó el derecho de los acusados a requerir la intervención de un abogado para su defensa y de informar sobre su situación particular a sus respectivos familiares.