Ciento treinta y cinco defensoras de Derechos Humanos de 83 organizaciones civiles con sede en once entidades del país y agrupadas en la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México, solicitaron a las autoridades potosinas iniciar el procedimiento judicial correspondiente para determinar la responsabilidad del presidente del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios en San Luis Potosí, acusado de abuso sexual contra una joven trabajadora. La red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México (RNDHM) se sumó a la campaña #JusticiaparaDiana que involucra a diversas asociaciones civiles de San Luis Potosí, entre las que encuentran Alas para ti, Nueva Luna, Inclusión Género y Ciudadanía, entre otras, que han denunciado el caso.
Ramón Ortiz García, presidente de la asociación civil Enfoque de Igualdad, se encuentra en calidad de acusado en un proceso judicial iniciado en el año de 2013, pero que no ha evolucionado, debido, según su dicho, a que la defensa de la afectada, identificada como Diana, una joven de 23 años, asegura que se falseó su declaración, al presentarse el perfil psicológico correspondiente y porque dicho perfil no ostenta su firma de consentimiento.
Por ello, solicitó que la averiguación previa penal 369/2013 sea objeto de rectificación y se efectúe la indagatoria interna para conocer quién y por qué acudió al expediente de falsificación de declaraciones y usurpación de personalidad, según su dicho.
La Averiguación Previa 369/2013 se encuentra en el ámbito de la responsabilidad pública de la Subprocuraduría Especial para la Atención de Delitos Sexuales.
En opinión de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, “la elaboración de la Averiguación Previa Penal no se sujetó a los protocolos de justicia”, razón por la que se suman a la demanda de reposición del proceso, habida cuenta de los daños que causa a la parte acusadora y a los efectos de protección ofrecidos al acusado.
La RNDHM presumió el ejercicio de la violencia institu-cional contra la denunciante y, aunque se reconoció a Ramón Ortiz García como un personaje con amplio historial en la defensa de los derechos humanos, se asentó que “el abuso sexual es un delito que no puede tolerarse.”
Agnieska Paezynska, secretaria ejecutiva de la RNDHM, encabeza la demanda de los organismos defensores de los derechos humanos entre los que se encuentra, la Red nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, así como la firma de Aidé García de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir y las potosinas Nueva Luna, Alas para Ti, Otra Oportunidad, Santa María de Lourdes, TALIBA, RENACE, entre otras.
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