Un juez necesita recibir un sueldo millonario para no ser corrupto? El escándalo mediático alrededor de la propuesta de entregar un “haber de retiro” a los magistrados del Tribunal Electoral abrió un debate que, lejos de agotarse, se encuentra en sus etapas iniciales.
Se trató de un inciso incorporado de último momento al extenso texto de las leyes secundarias en materia político-electoral. Casi ningún legislador se dio cuenta de que el apartado “se coló” en el texto, como no queriendo la cosa. Se habló primero de una pensión vitalicia, lo que habría sido un despropósito colosal, y después de una compensación de dos años, periodo durante el cual los magistrados que dejen el Tribunal no podrán realizar ciertas tareas, aunque es mentira que la ley les prohíba trabajar.
La reacción de la ciudadanía fue inmediata. Hubo indignación y enfado cuando comenzaron a difundirse las cantidades que tendríamos que entregar a los magistrados en caso de prosperar la propuesta. Alguien calculó 700 millones de pesos de pensiones. De hecho prosperó la propuesta, aunque se ha dicho que en el futuro próximo será derogada y saldrá del texto legal.
Lo más dañino de todo fue la reacción de los propios magistrados que tuvieron el tino de echarle gasolina al fuego. Un magistrado declaró que ganaría más dinero litigando. Qué torpeza. Ahora resulta que nos hace un favor. Otro de ellos dijo que recibir ese dinero era la garantía para no corromperse.
La conclusión que sacaron los ciudadanos fue la siguiente. Los magistrados quieren un retiro millonario y hay dos formas de conseguirlo: el dinero se lo dan personas interesadas en torcer la ley, se entiende que gente de poder conectada con los partidos, o se lo entrega el pueblo en forma de salario con recursos públicos.
No sólo quedó al descubierto que a los magistrados, tan letrados, les urge un taller de entrenamiento de medios, para lograr que sus mensajes sean interpretados de manera correcta por los periodistas y en otro momento por los ciudadanos. Nadie cayó en cuenta de que estar hablando de millones de pesos por aquí, y millones de pesos por allá, en un país en el que la mitad de la población es pobre era mucho más que una falta de tacto era, sin más, una provocación.
Otros casos de servidores públicos que reciben salarios estratosféricos salieron a relucir. Es necesario hacer un alto en el camino para revisar la política salarial del gobierno federal y su manía de entregar dinero público a discreción, sin escatimar nada.
Los servidores públicos que tienen responsabilidades importantes tienen que recibir un sueldo que les permita vivir con dignidad, incluso con comodidad, al lado de sus familias. Pero el servicio público no puede ser fábrica de magnates, mucho menos en un país que se distingue en el concierto internacional por su desigualdad.
La directora general de un canal de televisión pública y su selecto grupo de directoras no pueden ganar como secretarios de Estado, entre otras cosas porque no lo son. La idea es que gracias a un sueldo atractivo profesionistas destacados con vocación de servicio público trabajen en dependencias gubernamentales. Pero la idea no es volverlos millonarios y además darles un dorado retiro.
Por años se ha registrado una confusión malsana, pero hay que establecer una premisa: el servicio público no es un negocio. Una añeja cultura de cinismo y corrupción se describe en frases como “no me des, ponme donde hay”. Nadie dice que un magistrado del Tribunal Electoral o de la Suprema Corte se truene los dedos para llegar a la próxima quincena, pero conformar una élite de burócratas millonarios en un país pobre es el camino de la desestabilización. Los magistrados del Tribunal buscaron el cargo y la remuneración. Nadie los engañó. Si quieren defender narcos o dueños de casinos, están en su derecho. Pero si se quedan están obligados a desempeñarse de la manera más profesional posible, al límite de su talento y esfuerzo. No es necesario forrarlos de billetes para que no se doblen ante la corrupción.
Con todo lo publicado la semana pasada el prestigio del Tribunal Electoral, su buena reputación, que es clave para que sus decisiones sean aceptadas por la ciudadanía, sufrió un descalabro, que debe subsanarse. La gente en las calles se pregunta qué hacen los magistrados para recibir el sueldo que reciben y las compensaciones que quisieron entregarles. Para nadie es un secreto que el sistema electoral mexicano es uno de los más caros del mundo. Algunos especialistas afirman que es el más caro. Buena parte de ese costo, que pagan los ciudadanos, se debe a los sueldos abultados que reciben consejeros y magistrados. Los partidos, sus fracciones parlamentarias, han querido superar las suspicacias que los carcomen con dinero, dinero público que ellos despilfarran como si fuera suyo, y han creado un andamiaje electoral que tiene a varios millonarios en el puente de mando.
Los magistrados se pusieron dignos, se percibe a la distancia que no han entendido nada. Dijeron que ellos no cobrarán el haber de retiro pero que se quede la compensación para beneficiar a las nuevas generaciones de magistrados. Se notó que no han dado con el meollo del problema que está vinculado a discrecionalidad manifiesta para manejar el dinero público en beneficio de un puñado de servidores públicos opulentos.
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