Ahora que los tiempos políticos indican que el tema de la corrupción volverá a ser un asunto de interés generalizado, y que hasta podría ser objeto de la creación de un nuevo órgano de Estado, parece pertinente retomar algunos autores y textos clásicos en la materia.
Si bien es cierto que la literatura disponible sobre el fenómeno, sus causas y efectos es amplia, en realidad son pocas las posturas que han logrado ofrecer una visión adecuada del mismo, que permita a casi cualquier ciudadano interpretar debidamente situaciones de la vida cotidiana y de la alta política.
En el ámbito nacional, destacan sin duda los trabajos pioneros de Federico Reyes Heroles y de Fernando Escalante, quienes desde hace tres lustros ofrecieron descripciones y conceptos que ayudaron a sacar el tema del árido y poco útil campo de la especulación política y el rumor periodístico. Más recientemente, los trabajos académicos de David Arellano, del español Manuel Villoria del Instituto Ortega y Gasset, y de Juan José Sánchez de la Universidad del Estado de México, así como la perspectiva ciudadana de Sergio Rivera y Ernesto Gómez Magaña, han moldeado el tema de forma por demás inteligente.
A nivel internacional, algunos textos publicados por la OCDE y, definitivamente, los trabajos de Susan Rose-Ackerman, han marcado la pauta sobre lo que debe entenderse como corrupción en sus diferentes manifestaciones, teniendo en cuenta los problemas que se dan en los procesos de comercio internacional y de inversión extranjera directa.
En especial, el libro de Rose-Ackerman titulado La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma, publicado en Madrid por Siglo XXI en 2001, se convirtió en una referencia obligada para abordar los problemas de corrupción desde las administraciones públicas y los parlamentos de casi cualquier país.
Del cúmulo de ideas contenidas en esa obra, la más apropiada para tener en cuenta en el actual contexto mexicano es la que se refiere al necesario abordaje de la corrupción como un fenómeno multidimensional y multinivel. De acuerdo con la profesora de la Universidad de Yale, son cuatro las dimensiones a considerar en el estudio y comprensión de la corrupción. En primer lugar, la corrupción es algo que se inserta en la lógica de los Estados contemporáneos y, más específicamente, en la organización de sus instituciones.
Al afectar el funcionamiento de casi cualquier dependencia o programa público, en segundo término, la corrupción asume formas sociales y contextuales específicas. Por ello, la corrupción tiene diferentes sentidos, según el país y el contexto en el que se considere. En palabras de la autora: Lo que es soborno para una persona puede ser un regalo para otra. Un dirigente político que ayuda a amigos o a sus seguidores puede parecer digno de elogio en algunas sociedades y corrupto en otras.
La tercera dimensión considera cómo la estructura básica de los sectores público y privado producen o suprimen la corrupción, atendiendo a la forma en que las élites políticas y empresariales definen como legítimos ciertos medios de actuación para alcanzar sus metas electorales y económicas. Finalmente, para la académica de la Escuela de Leyes de Yale, la cuarta dimensión a tener presente es la de la indispensable reforma, la cual considera por cierto la más difícil y compleja. Desde su perspectiva, lo esencial en esta cuestión es reducir los alicientes subyacentes para pagar y recibir sobornos.
Me parece que una relectura cuidadosa de las ideas de Rose-Ackerman es una labor obligada para todos aquellos que deseamos opinar en torno a la futura política anti-corrupción del Estado mexicano.
Una red necesaria: los institutos de
administración pública de México
En mi anterior colaboración me refería a cómo ––a lo largo de las últimas cuatro décadas– el desarrollo de las capacidades de planeación y gestión del desarrollo económico y del bienestar en las estructuras gubernamentales ha dependido de una combinación virtuosa de liderazgos transformadores y estrategias de cambio y modernización. En esta combinación, el papel de los institutos de administración pública ha sido fundamental.
La así llamada Red Mexicana de Institutos de Administración Pública, conformada por el Instituto Nacional de Administración Pública y más de 20 institutos de carácter estatal, cuenta con una prolongada presencia pública y académica, además del potencial para fungir como las instancias articuladoras de las visiones y proyectos de desarrollo a futuro a partir de un trabajo serio y profundo de transformación y generación de sinergias centrado en tres líneas de colaboración con los gobiernos: investigación aplicada, vinculación con la sociedad, y capacitación y formación directiva de alto nivel.
Esto es así, tanto por la concurrencia de contextos políticos adecuados, producto de la consolidación democrática en una buena parte de las entidades federativas, como por la existencia de condiciones técnicas e institucionales favorables a la aplicación de modelos innovadores de gestión.
Debe recordarse que, pese a que durante las dos administraciones federales panistas la corrupción y el orden administrativo fueron generalizados, el sector hacendario promovió la adopción de sistemas innovadores, como el presupuesto basado en resultados y un naciente modelo de evaluación del desempeño.
Al nivel de las entidades federativas, estos dos sistemas tuvieron impactos diferenciados, pero significativos, dando lugar a un modelo nacional muy a la mexicana. El efecto más directo e inmediato de este modelo es que se ha establecido un régimen técnico y legal que obliga a todas las dependencias públicas –por igual federales, estatales y municipales, que órganos autónomos o unidades centrales– a implementar sus políticas y aplicar sus programas, teniendo siempre en consideración cuatro principios de naturaleza modernizadora:
1) El Principio de publicidad máxima que obliga a la generación y publicación de información de forma que sea accesible para cualquier ciudadano; 2) el Principio de gestión intergubernamental e interorganizacional, que favorece la integración, colaboración y coordinación con otros entes, que bien pueden ser públicos o privados, para la generación de sinergias; 3) el Principio de Rendición de Cuentas y 4) el Principio de Evaluación permanente del desempeño.
Estos cuatro principios, entendidos cabalmente como referencias guía y no como criterios inflexibles o insustituibles.
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