El Observatorio Indígena en Materia de Derechos Humanos, Económicos Sociales y Culturales de San Luis Potosí dirigió un oficio el 19 de mayo del presente a Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con atención al gobernador Fernando Toranzo Fernández, en donde se acusa a José Enrique Hernández Narváez, Coordinador General de la Defensoría Social y de Oficio, “de realizar prácticas discriminatorias e injustas en contra de personal indígena de la institución, además de su incumplimiento en los programas de atención a la población indígena.”
El oficio manifiesta que la Lic. Maribel Zúñiga Martínez, directora de la Defensoría de Atención a Personas y Comunidades Indígenas “es una persona dedicada, honrada, sencilla y que es hablante del idioma huasteco”, lo cual facilita la atención a la población indígena de la región. Sin embargo, el Coordinador General de la Defensoría Social y de Oficio “actúa abusando de su cargo tomando una postura machista y discriminatoria hacia la Lic. Maribel Zúñiga Martínez. “
“Cabe a señalar, que el Coordinador General de la Defensoría Social y de Oficio, José Enrique Hernández Narváez no ha dado resultados ni ha informado de la situación que guardan las correcciones de nombres en actas de nacimiento y otros trámites que se presentaron en los eventos de atención a la población indígena realizados en 2012 y 2013, ya que la población aún sigue esperando”, señala este Observatorio.
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Y agrega: “Cuando recién tomó el cargo de Coordinador General, José Enrique Hernández Narváez devolvió la documentación a las comunidades diciendo que si era de su interés continuar con el trámite la oficina se encontraba en la Capital potosina. Esto ocurrió concretamente en las comunidades indígenas El Cristiano, Municipio de Xilitla; Tampaxal, Municipio de Aquismón; La Palma, Municipio de Tamasopo y Rayón; entre otras.”
Anteriormente la Comunidad El Cristiano había enviado un oficio de inconformidad por la devolución de los tramites presentados en 2012, por lo que el Coordinador General comisionó a un defensor escoltado con policías vestidos de civiles, esto, con el fin de intimidar a las autoridades comunitarias, violando de esta forma el derecho de petición que establece la Constitución Mexicana, indica el Observatorio.
“La actitud de José Enrique Hernández Narváez demuestra su insensibilidad hacia la población indígena, ya que no considera la realidad de las comunidades, quienes tienen la imposibilidad económica para trasladarse a realizar sus trámites, por lo que es incapaz de generar un compromiso real con las comunidades”, afirma.
Y concluye su oficio al Secretario General de Gobierno: “Actualmente adeuda un recurso Federal con la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) por incumplimiento a un Convenio firmado en 2013. Esto demuestra su incompetencia y tal vez hasta desvío de recursos por él mismo, tal vez lo que busca es un chivo expiatorio para simular su incapacidad al frente de la Coordinación General de la Defensoría Social y de Oficio del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.”
