Obligarían a Ejecutivo a presentar Plan de Desarrollo en el inicio de su mandato

Para disminuir el tiempo del Ejecutivo del Estado para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de que lo entregue durante los primeros tres meses de su mandato, el diputado Jorge Alejandro Vera Noyola propuso reformar diversos artículos de la Constitución Política; y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa también considera  establecer como obligación del Poder Legislativo el aprobarlo en los tres meses subsecuentes, a fin de que las comisiones legislativas tengan un tiempo suficiente para analizarlo y verificar que cumple con los elementos técnicos mínimos y si se encuentra en concordancia con la normatividad vigente y los instrumentos internacionales firmados por México.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada,  Vera Noyola  agrega que con esta modificación se subsana cualquier omisión respecto del procedimiento que debe llevar el Congreso del Estado relacionado con la aprobación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

“Cabe señalar que en la actualidad no existe disposición alguna que señale algún tipo de procedimiento que se deba de acatar por parte de este Congreso del Estado, una vez que este documento es presentado, lo que abre la posibilidad de que el mismo, sea aprobado sin ser revisado o que éste sea entregado un día antes del periodo que marca la normatividad vigente, lo que conlleva una carencia de visión de Estado, pues, lo que se presenta ante este Poder, no es un documento sin valor, o trascendencia jurídica y operativa de la administración en curso, sino que éste, como lo he mencionado, representa la plataforma de acción del gobierno que se trate”, explicó.

De esta manera, se propone que las comisiones legislativas que habrán de analizar el documento del Plan Estatal de Desarrollo, cuenten con la facultad de analizar si este documento presenta los contenidos mínimos y si, sus programas de mediano plazo tienen congruencia con el documento rector del que se desprenden.

Además, se verificará si cuentan con los elementos mínimos necesarios para su implementación, seguimiento y evaluación; entre otras cosas.

Esta iniciativa se analiza en  las comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Gobernación.