Por El Diablo Cojuelo
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RÉPLICA.- Al hacer uso de su derecho de réplica, el activista Ramón Ortiz García, presidente de Enfoque de Igualdad y presidente del Comité de Prevención y Seguimiento de Feminicidios, dirigió a este medio periodístico un comunicado en donde emprende su legítima defensa frente a las acusaciones de abuso sexual, hechas en su contra por un grupo de nueve asociaciones y cuyos señalamientos reproducimos aquí mismo en la edición de este jueves 22 de mayo.
AVERIGUACIÓN.- En su comunicado, Ramón Ortiz García admite como cierto que existe una averiguación penal en su contra en la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales Contra la Familia y Derechos Humanos por el presunto delito de abuso sexual en contra de una mujer a quien se identifica como “Diana”. Sin embargo, señala que a la fecha no se cuenta con pruebas que permitan demostrar que son verdad los hechos que se le imputan. A decir del activista en materia de género, a la mujer se le practicó un dictamen psicológico y se constató que “no existía una afectación que demostrara que los hechos que denuncia fuesen verdaderos.”
ENCUBRIMIENTO.- Acerca de otro de los puntos de que se habla en el comunicado dirigido por las nueve asociaciones en contra de Ramón Ortiz García, referente a que disfruta del encubrimiento de las autoridades, asegura que él es “un activista social tan incómodo y tan vulnerable como algunas de las organizaciones firmantes.” No existe, en su opinión, ningún encubrimiento ni relación estrecha con las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el Estado.
DESTITUCIÓN.- Para sostener su afirmación de que no disfruta de la protección del aparato del Estado, como lo dicen quienes le acusan, menciona un oficio que le dirigió Elizabeth Ivonne Rapp Saint Martin, en donde se lee: “Sirva la presente para manifestarle que recientemente he tenido conocimiento que usted se encuentra sujeto a un proceso penal en la averiguación 369/2013 en la Subprocuraduría Especializada Para la Atención de Delitos Sexuales Contra la Familia y Derechos Humanos, razón por la cual le solicito que a la brevedad posible se separe del cargo como presidente e integrante del Comité de Prevención y Seguimiento de Feminicidios apelando a los principios fundamentales de ética y congruencia para el objeto que como comité nos constituyó.”
ENVIDIAS.- Desde la perspectiva del implicado en esta gravísima acusación de abuso sexual en contra de una mujer a la que se identifica como “Diana”, lo que hay detrás son envidias de protagonistas en el tema de la perspectiva de género y equidad, que además de buscar sustituirlo como presidente del Comité de Prevención y Seguimiento de Feminicidios”. Lo que también parece disputarse son las bolsas de dinero que el Estado y los ayuntamientos disponen para atender estas problemáticas. Él lo dice así: “Considero que esta campaña que se pretende emprender en mi contra tiene intereses políticos para denostar y frenar el trabajo y trayectoria de la organización Enfoque de Igualdad A.C.”
INOCENCIA.- En el caso de Ramón Ortiz García, como en el del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, que tienen semejanza por el tema del abuso sexual, deberíamos anteponer el principio jurídico de la presunción de inocencia. En ninguno de ambos casos existe autoridad que haya emitido sentencia en su contra ni existe ejercicio de acción penal por el que algún ministerio público estime la existencia de datos que comprueben el delito. Lamentablemente sectores de la opinión pública ya han emprendido el linchamiento de ambos, unos llevados por la amistad, otros por la empatía y otras por lo que le llaman la “sororidad” que a veces o muchas veces nada tiene de racional ni de objetiva.
PRESTIGIOS.- Quienes integran las organizaciones firmantes de la acusación contra Ramón Ortiz García deberían de poner en la balanza aquellos pros y contras de lo que jugaban. Sus prestigios académicos y profesionales pueden estar en riesgo. No decimos que el señalado ante la autoridad judicial sea inocente, sino que deben de ser precisamente esas autoridades quienes lo sometan a una investigación justa, imparcial y no contaminada por linchamientos mediáticos, como sucedió con el inolvidable caso de la mujer del billete de cien pesos falsos.
