Ramón Ortíz García, presidente del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios en San Luis Potosí, acusado de abuso sexual por una ex empleada de la asociación Enfoque de Igualdad, que dirigía hasta hace poco, rechazó los cargos formulados, aseverando que estos se desprenden de un intento de linchamiento con trasfondos políticos.
Ortiz García aseguró que al enterarse de la acusación acudió por voluntad propia a la Subprocuraduría Especial para la Atención de Delitos Sexuales, a presentar su declaración al respecto, donde se le informó que no existe ninguna demanda formulada en su contra.
Nueve organizaciones civiles emitieron un comunicado asegurando que se ha abierto un proceso judicial en su contra por el presunto delito de abuso en contra de una joven de 23 años de edad, ex empleada de la asociación civil, Enfoque de Igualdad, identificada como Diana, y en donde se asienta que la Subprocuraduría Especial para Delitos Sexuales habría abierto el proceso correspondiente, la Averiguación Previa Penal 369/2013.
De acuerdo con el señalado, en la instancia judicial le informaron que no existe ninguna demanda formal y que no se ha abierto ningún nuevo proceso de averiguación. Indicó que en primer término se le negó el derecho a conocer la demanda y, en consecuencia, el derecho a la defensa.
En cambio, dijo, se desató una persecución en su contra, cuando en marzo (el día 14) de este año asistía a un evento organizado por la Secretaría de Salud, donde una mujer lo acusó públicamente como violador y exigió que fuera retirado del lugar.
Posteriormente, el 8 de mayo de este mismo año, la presidente de la asociación civil Otra Oportunidad, Elizabeth Ivonn Rapp Saintmartín, a través de un oficio le solicitó renunciar a la presidencia del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios, acusándolo de ser un violador y asentando que se ha abierto en su contra la averiguación Previa 369/2013 en la Subprocuraduría Especializada, la misma instancia que niega su existencia.
A partir de que los señalamientos se hicieran públicos, dijo, ha recibido amenazas, incluso de muerte, todas ellas anónimas, por lo que decidió dar a conocer su postura. Asegura que no incurrió en los hechos de los que se le acusan.
Dijo que la presión ejercida en su contra, y el que se le haya negado el derecho a la legítima defensa, lo llevó a buscar un recurso de Amparo y Protección de la Justicia Federal para evitar su aprehensión, librada a todos los juzgados y agencias del Ministerio Público en San Luis Potosí, al considerarse que en su caso se incumplió con el debido proceso, al no comunicársele ni la causa ni el sentido de la acusación que ahora respaldan nueve asociaciones civiles, de entre las cuales, una se ha deslindado el día de ayer: Renace A.C.
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