Expertos en derecho y ciencia política se pronunciaron por regular e incluso desaparecer los “haberes de retiro” de los que gozan en el país no sólo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino jueces, magistrados de tribunales de justicia y electorales, ex gobernadores y ex funcionarios.
La figura, definida como una garantía económica para servidores públicos de alta jerarquía de un Estado, tiene como fin asegurarles un retiro digno, sin exponerlos a posibles actos de corrupción.
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Pero el que debiera ser un régimen excepcional, hoy prolifera; todos quieren una “pensión dorada” y hay excesos que urge acotar, advierten los especialistas.
Coinciden que la reciente aprobación en el Congreso del “haber de retiro” para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), puso el tema sobre la mesa y abrió un debate para regular la figura de pensiones, “haberes” y otros privilegios para funcionarios.
Abanico de opciones
En los estados, los montos y temporalidad no son uniformes, pues cada Congreso local regula las percepciones, prestaciones y “haberes” para sus respectivos poderes judiciales.
En tanto, los “haberes de retiro” o pensiones tienen diferentes modalidades. Pueden ser para toda la vida (vitalicias) y al 100 % de las percepciones actuales, además de beneficios como gastos de alimentación, seguro de gastos médicos mayores, chofer, personal de apoyo, como ocurre con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También hay vitalicias, pero no al 100%, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), donde los magistrados ratificados reciben 70% de sus percepciones mensuales netas durante los dos primeros años —en que tienen prohibido desempeñar cargos públicos o recibir percepciones de particulares— pero el resto de su vida sólo se les paga 50%, según la antigüedad que tengan en el cargo o en el Poder Judicial.
Hay haberes vitalicios, pero sólo parcialmente, como el del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, donde los dos primeros años cobran 100%, pero a partir del tercer año sólo se les da 80%.
Otra modalidad es la de los “haberes especiales”, como en el TSJDF, en el que los magistrados que no son ratificados para un segundo periodo, al concluir su encargo, si tienen antigüedad suficiente, obtienen el primer año 70% de su percepción, y 50% a partir del segundo año.
En el Poder Ejecutivo, ex presidentes y ex gobernadores también gozan de ese beneficio, al igual que ex funcionarios del Banco de México (Banxico) y otras dependencias.
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, dijo que el caso mexicano “es escandaloso en el plano internacional”, porque los ex presidentes son los que más ganan en todo el mundo, mientras que los jueces y magistrados son los que tienen las percepciones y pensiones más altas.
“Son cantidades estratosféricas y ayudantías inimaginables en el mundo democrático”, detalló el coautor del libro Beneficios ex presidenciales.
Villanueva criticó que los “haberes” o pensiones se regulen vía acuerdos y no en las leyes.
Jaime Cárdenas, también ex consejero del IFE e integrante del IIJ de la UNAM, explicó que a nivel internacional sólo gozan de un “haber de retiro” quienes han sido primeros ministros o ex jefes de gobierno o de Estado y con sumas moderadas.
Hay que desaparecerlos: Merino
El doctor en Ciencia Política y profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Mauricio Merino, planteó desaparecer esa figura: “A mi no me gustan, no sólo a nivel teórico sino incluso personal. Que se mantenga el salario al término de un encargo me parece abusivo, mejor estoy por que se pague bien durante el tiempo que dure el encargo y al terminar, que termine el pago”, expuso el también ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).
Cárdenas explicó que debe haber “un debate nacional” y la pregunta clave es si algún servidor público debe tener derecho o no a ese tipo de privilegios: “Creo que deberían ser la excepción y cada caso estar plenamente justificado”.
El investigador del IIJ de la UNAM, César Astudillo, recordó que con el aval del Congreso, la semana pasada, se dejó a los magistrados del TEPJF definir montos y temporalidad, justo cuando éstos están por concluir sus encargos, en 2016 y “será interesante ver cómo lo hacen, porque el haber de retiro no está regulado”.
El antecedente
Tanto para Cárdenas como para Astudillo, la razón por la cual se debe acotar la figura, es porque además del haber de retiro les corresponde el del ISSSTE, el seguro de separación individualizado, en el que el servidor público pone la mitad y el funcionario o trabajador la otra mitad, por lo cual, un “haber vitalicio” podría ser excesivo.
Astudillo ubica la introducción del haber de retiro en el país en la reforma de 1994 para ministros de la Suprema Corte, pues se decidió que al término de su encargo de 15 años, no podrán desempeñarse en otro cargo y se previó dotarles de ese beneficio para garantizar su independencia.
Pero no hay restricciones, como no recibir otra remuneración y se les dota de gastos para comidas y viajes, además de personal de apoyo: “No fue una bolsa única, sino que se estableció pensión vitalicia y como no está regulada, cada quien la ha adoptado a su modo”.
Dijo que hay que pensar en una ley que norme el “haber de retiro”, porque ahora es incierto, si a nivel federal hay discrecionalidad, en los estados se pagan “sumas irracionales y contrarias a austeridad”.
En las Fuerzas Armadas hay regulación; los pensionistas aportan un porcentaje para el fondo de pensiones y se establecen además edades y beneficios, pero en el Poder Judicial se emiten acuerdos administrativos para fideicomisos que funcionan sin un marco previsto en ley.
