En absoluto secreto, los mejores hombres de la gendarmería federal de Argentina (una especie de policía militar) se tomaron, hace 40 días, la ciudad de Rosario, para algunos la segunda en importancia del país, incrustada en la provincia de Santa Fe.
Fingiendo ser asistentes a un seminario medioambiental, mil de ellos llegaron en autos particulares que días antes fueron movilizados hasta la periferia de la ciudad, ocultos en tractocamiones.
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Otros arribaron en helicópteros y cambiaron sus frecuencias radiales para que la policía local no alertara a los narcos del operativo.
La desconfianza respecto a la Policía local no es gratuita. El jefe de la agrupación, Hugo Tognoli, salió esposado de su oficina, en octubre, señalado de tener nexos con la mafia y está a la espera de que se le defina su situación en un juicio oral. Y su sucesor, Cristian Sola, ahora es procesado por enriquecimiento ilícito.
“Además, todos sabemos que más de un centenar de miembros de esa institución aparecen mencionados por miembros de la mafia en las escuchas (interceptaciones telefónicas) legales que se han hecho dentro de las investigaciones”, le aseguró a El Tiempo uno de los asistentes a una reunión privada, en donde 12 grandes empresarios discutieron la situación de seguridad de la provincia, y a la que este diario fue invitado.
Allí se escucharon voces escépticas que hablaban de casos aislados, que estarían siendo magnificados en detrimento de la economía local. Pero la mayoría estuvo de acuerdo con un valiente diagnóstico hecho por la Universidad Nacional de Rosario, según el cual la situación es grave y se refleja en el hecho de que, en lo que va del año, se han registrado 109 crímenes. “Los muertos no son un invento mediático o político. Desde lo académico mostramos los niveles de violencia y los expendios de coca para invitar a que los gobernantes actúen y los jueces impongan justicia”, explicó su rector, Darío Maitorana.
Efectivamente, el propósito del operativo en esa ciudad era el de dar un golpe a las decenas de negocios de venta de coca ubicados en barrios deprimidos —los llamados “Villamiseria”—, pero también en exclusivas zonas, como las Torres Dolfinas. Se trata de uno de los proyectos inmobiliarios más caros, en donde el futbolista rosarino Lionel Messi tiene varios apartamentos y en donde el metro cuadrado vale 5 mil dólares.
Este diario fue a la “olla” ubicada frente a los apartamentos de Messi, supuestamente neutralizada. También al barrio La Granada, en donde hay un mural en memoria del narco el “Pájaro Cantero”, asesinado el 26 de mayo. Y en ambos casos comprobó que siguen bajo el control de sujetos que obligaron a salir a fotógrafo, periodista y acompañantes. Y, si bien el cuerpo élite ya derribó varios búnkeres (“ollas”) y logró que los homicidios bajaran, aún no ha capturado a un solo narco.
Ante la críticas, Antonio Bonfatty, gobernador de la provincia de Santa Fe, dijo que su administración coordinó la toma con los federales y que ha ejecutado operativos propios. “No nos tembló el pulso cuando tuvimos que separar a los policías involucrados y no dude que estamos tomando otras medidas. Pero hay sectores que usan el tema políticamente para ensuciarle la cancha al otro, en plena época preelectoral”, dijo. Se refiere a que el tema del narcotráfico estuvo vetado, por meses, en algunos medios que hoy lo vinculan con sectores políticos, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2015.
Efecto dominó
Pero autoridades y sectores de la élite argentina están seguros de que lo que se vive en Rosario no tiene tinte político y ya se empezó a replicar en otras provincias como Córdoba, Salta yBuenos Aires, y en localidades como Bariloche, Comodoro y Rivadavia.
Algunos de estos nombres le fueron señalados a El Tiempo por Rafael Bielsa, ex canciller y, hasta hace un año, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Y tiene por qué estar inquieto.
Por primera vez, se escucha hablar de la existencia, en el territorio nacional argentino, de laboratorios para procesar hoja de coca, de producción de metanfetaminas, y de más de 500 pistas clandestinas por las que salen decenas de toneladas de droga hacia Europa y coca líquida, hacia México y Estados Unidos.
Hace una semana, se incautaron 350 kilos en Esperanza, localidad ubicada a 200 kilómetros de Rosario. Y, a mediados de abril, ya habían caído 2 mil 500 kilos en Santiago del Estero, lo que ha llevado a algunas autoridades a concluir que la coca que se procesa en Argentina no es sólo la que proviene de Bolivia y de Perú.
De hecho, ya han sido desarticulados varios laboratorios de procesamiento instalados en localidades como Francisco Álvarez, en la provincia de Buenos Aires.
La cocina que se localizó en ese lugar era de un colombiano. Pero los que han caído en los últimos meses son de ciudadanos argentinos.
Y el negocio está mucho más sofisticado. En diciembre fue capturado, en la provincia de Salta,Héctor Gallardo, acusado de contratar colombianos para convertir la cocaína sólida en líquida e impregnar ropas y muebles huecos para despacharla al exterior.
Por esos días, fue condenado a 14 años Mario Segovia, el llamado ‘zar de la efedrina’, quien lideraba una banda que operaba una fábrica de metanfetaminas en la provincia de Buenos Aires y enviaba efedrina de contrabando hacia México. Cerca de allí, en Tigre, viven varios narcos colombianos vinculados a la banda “los Rastrojos” y a la “Oficina de Envigado”, aparato criminal que ha sobrevivido a siete gobiernos.
“Al menos en Santa Fe, mi provincia, esta situación va a estallar sólo cuando se ejecute el magnicidio de un político o periodista, o me maten incluso a mí”, le dijo Bielsa a reporteros de este diario.
Y agregó que es imposible que el poder político no supiera de los nexos mafiosos de los jefes de policía. Al respecto, El Tiempo confirmó que uno de los funcionarios capturados por sus nexos con la mafia, ya notificó que está dispuesto a señalar a políticos cómplices. En igual sentido se pronunció un narco desde prisión que dice tener videos que implican a mandatarios regionales e incluso nacionales.
Pero, por ahora, en Argentina algunos creen que el narcotráfico aún no se ha desbordado y que sólo es un país exportador de droga.
“Hay síntomas alarmantes, pero no una organización que ponga en jaque a las instituciones del Estado. Sin embargo, le puedo asegurar que estamos dando pasos en el sentido correcto para combatir a la delincuencia”, sentenció Rubén Galassi, ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe.
