El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) carece de una estructura completa que fortalezca su labor para enfrentar casos de corrupción o de infiltración de integrantes del Poder Judicial en el narcotráfico, coincidieron especialistas.
Los expertos hicieron un llamado urgente a que el Senado de la República designe cuanto antes a dos de los consejeros que le corresponde por ley, discusión que está entrampada desde hace un año.
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Identifican también que el CJF presenta una “inestabilidad institucional”, debido a la falta de acción del Senado en la designación y también porque dos más dejarán en noviembre sus cargos y habrá un cambio adicional, el del presidente del Consejo, Juan Silva Meza, quien sale al renovarse la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diciembre.
Los consejeros que están en la recta final de su gestión son Daniel Cabeza de Vaca, cuyo nombre se encuentra en el centro de la polémica, por los presuntos nexos del Poder Judicial con casineros, y César Esquinca, recientemente galardonado por su trayectoria.
Este órgano de control y gobierno del Poder Judicial está integrado por siete miembros, de los cuales, uno es el presidente de la SCJN y también lo es del Consejo; tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito y jueces federales; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
La designación de dos consejeros en el Senado está entrampada desde hace un año y la Comisión de Justicia sepultó este análisis, pues no hay dictámenes de elegibilidad y el tema no está contemplado para el próximo periodo ordinario de sesiones.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene un presupuesto de 50 mil 241.6 millones de pesos para 2014, de los cuales 43 mil 199.1 millones son administrados por la Judicatura. Cada uno de los consejeros tiene un sueldo de 226 mil pesos, incluidas compensaciones.
Facultades
El CJF determina los exámenes para elegir jueces y magistrados, fija la región o adscripción de éstos en el país e, incluso, determina el número de juzgados y tribunales.
También expide los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario. Y suspender a aquellos jueces o magistrados que hayan cometido un delito.
Al respecto, los investigadores José Antonio Caballero y Gilberto Santa Rita —del CIDE y la Universidad Iberoamericana, respectivamente— coincidieron en que los lugares acéfalos rompen el equilibrio en las decisiones del Consejo y que las renovaciones provocan una natural “inestabilidad”, ya que los nuevos consejeros traen proyectos y decisiones nuevas.
Édgar Corzo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, identifica irregularidad en la integración y funcionamiento del CJF.
“Creo que al final del día cumple con su trabajo, a marchas forzadas, pero lo hace. El origen es el desprendimiento institucional de la Cámara de Senadores, donde no se ha dado cuenta real de lo que implica cumplir con su mandato constitucional, máxime cuando el Consejo de la Judicatura le está entrando a un tema muy fuerte como la infiltración del narcotráfico o de delincuencia organizada en el Poder Judicial federal”.
Caballero explica que este año lo más probable es que se queden únicamente dos consejeros. ¿Por qué? “Porque sale el presidente en funciones al cambio del presidente en la SCJN, salen otros dos consejeros y hay dos consejeros que no ha designado el Senado, lo que significa que el otro año el Consejo va a tener que empezar de nuevo y aprender, eso es desastroso. Tú no le puedes encargar al órgano que vigila la disciplina que se renueva en esas condiciones; de hecho no hay condiciones institucionales”, explicó.
La inestabilidad institucional del Consejo, agregó, se refleja precisamente en que los criterios de asignación, reasignación y disciplinarios tampoco son fijos.
“Hay una grave irregularidad en la falta de nombramiento por parte del Senado. El problema es que no hay una sanción establecida, pero afecta muchísimo el funcionamiento del órgano que administra, que maneja y lleva las funciones administrativas del gobierno federal, es uno de los tres Poderes y es lamentable que se pueda dar la situación de que se quedé sin control”, dijo Víctor Martínez Bulle Goyri, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales del Tecnológico de Monterrey.
Caballero dijo que en la Judicatura existe “una inestabilidad institucional” y hay “problemas importantes de coordinación del Consejo y la Suprema Corte”.
Agregó otro problema es la falta de rendición de cuentas bajo el argumento de autonomía e independencia de los jueces y con lo que no se permite revisar los fallos.
“Si bien hay que proteger a los jueces para que puedan trabajar con absoluta libertad, esto tampoco puede permitir que hagan resoluciones malas. No se ha generado la discusión de qué pasa cuando hay una mala resolución o cómo premiar una buena. Necesitamos identificar a los jueces que no deben estar”, detalló Caballero.
Advirtió: “Cuando hay dificultades para estabilizar los controles institucionales, como es el CJF, todo mundo elude responsabilidades”.
