Tamaulipas: Empoderar las instituciones locales

Como cabeceó acertadamente La Crónica, el Ejército y la Marina toman el control de Tamaulipas, de acuerdo al replanteamiento de la Estrategia (federal) de Seguridad para ese estado anunciado esta semana en Reynosa por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Es así Tamaulipas el segundo estado de la Federación, después de Michoacán.
Donde se da una nueva intervención masiva del gobierno federal para tratar de revertir el grave deterioro de la seguridad en esa entidad fronteriza, no esta vez con el nombramiento de un comisionado federal convertido en un gobernador de facto, como en Michoacán, pero sí con la designación de mandos especiales a cargo de la Sedena y la Semar y la operación de fiscalías regionales de la Procuraduría General de la República. Es nuevamente el esquema centralista de combate a la delincuencia en estados conflictivos.
Sí, esta vez en Tamaulipas con demandas expresas de la intervención federal por parte de la sociedad civil, incluso con manifestaciones de miles de gentes exigiendo “la paz a la que todo ser humano tiene derecho”.
Lo mismo, la intervención se dio por petición del gobierno de Tamaulipas, y hasta el propio gobernador de la entidad, Egidio Torre Cantú, afirmó al anuncio de la nueva estrategia que “este día va a marcar una pauta en la historia de Tamaulipas. Este día, sin duda alguna, es un día extraordinario”.
Pues sí, pero no es de ninguna manera una tarea fácil mantener desde el centro la paz y la seguridad en los muy diversos estados del país, con el apoyo esencial de las Fuerzas Armadas de la República, entrampadas crecientemente en estas tareas.
Y se vuelve a hacer evidente que la prioridad en cualquier estrategia de seguridad es el empoderamiento de las instituciones locales, los esfuerzos legalmente posibles para devolver la seguridad a un estado sobre la base de las autoridades y su estructura institucional estatal y municipal, principales responsables, y más cercanas a la gente. Y sobre todo cuando son tan complejas las manifestaciones de criminalidad o ilegalidad, como es el caso de Tamaulipas: tráfico de drogas prohibidas, contrabando de armas, lavado de dinero, ataques a migrantes, secuestro, extorsión, asaltos en carreteras, cobro de derecho de piso, robo de combustible.
Agréguese que la mayoría de la sociedad no puede estar de acuerdo en la creciente militarización del país.
Una mejor estrategia federal de seguridad sería implementar políticas federales que estimulen la reactivación de las instituciones estatales y municipales, neutralizando los factores que actualmente las debilitan. En Tamaulipas (como en Michoacán), no se entiende cómo es que siendo un estado relativamente bien dotado de recursos naturales y humanos pueda haber llegado a tan lamentable inseguridad.
En su poco más de 80 mil kilómetros cuadrados, alberga una moderada población de unos 3.4 millones de personas. En su casi millón y medio de hectáreas sembradas cultiva importantes productos agropecuarios. Grandes presas sobre sus ríos aseguran el agua para sus actividades agrícolas y ganaderas.
Tiene una sustancial industria, especialmente maquiladora y petrolera. Importante paso del comercio internacional de México, con 439 kilómetros de costas en el Golfo de México y 370 kilómetros del fronterizo Río Bravo, con múltiples cruces hacia Estados Unidos.
Bueno, esto último es también origen del drama de inseguridad y delincuencia en Tamaulipas, convertido desde hace algunos años en uno de los principales pasajes de tráfico ilícito; en primer lugar, de narcóticos de otros lugares de México o de Centro y Sudamérica con destino final en Estados Unidos; las ganancias de ese comercio ilegal son extraordinarias, por lo que, en un muy extendido ambiente de estancamiento económico, fácilmente son reclutados miles de jóvenes a esa actividad ilícita; pronto se desarrollan verdaderas guerras por el control entre los grupos traficantes, lo que a su vez da lugar a graves acciones de violencia, al tráfico de armas, a la amenaza, y después la corrupción obligada o voluntaria, de policías, jueces, autoridades estatales y municipales, dificilísima de erradicar por más sofisticados que sean la capacitación o los controles de confianza.
En ese rico caldo de cultivo delincuencial viene la proliferación de delitos derivados como el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero.
Está claro así que la mejor estrategia federal para acabar con estos flagelos en Tamaulipas sería plantear seriamente la terminación de la guerra contra las drogas, como lo proponen cada vez más mentes lúcidas, como lo acaba de hacer en Londres el grupo de personalidades en el que se incluyen economistas ganadores del Premio Nobel, un ex secretario de Estado de Estados Unidos y un viceprimer ministro británico.
Otra parte de esa mejor estrategia serían también las medidas proactivas para detener en nuestra frontera sur y arraigar en sus propios países a los miles de migrantes que en sus esfuerzos por llegar a Estados Unidos sufren múltiples ataques, vejaciones y cooptación en su paso por el corredor mexicano hacia la frontera.
Y, por supuesto, una efectiva política económica federal que consolidara el progreso en todos los estados del país y disminuyera drásticamente el incentivo de nuestros jóvenes a ser reclutados por el crimen.
Todo ello para el empoderamiento de la institucionalidad local y no más la intervención directa con las Fuerzas Armadas federales.