AGUJEROS.- Al sistema de foto infracciones, recientemente puesto en operación en el municipio de la Capital, ya se le encontraron agujeros. Entre ellos se encuentran los siguientes. Por las calles de la ciudad corre un número importante de “coches chocolate”, es decir, no cuentan con placas de circulación y cuando mucho andan con permisos especiales. Otro más: muchos poseedores de vehículos fueron a ciudades de otros Estados a plaquear, a fin de darle la vuelta al pago de tenencia. Unos más usan micas oscuras sobreimpuestas a las placas. Luego entonces la pregunta que se hacen aquellos ciudadanos que sí tienen placas de San Luis Potosí, es la siguiente: ¿cómo le van a hacer para multar a quienes andan como el demonio por las avenidas, si sus coches tienen aquellas condiciones?
DESMENTIDO.- A través de un comunicado de prensa, Gerardo Palau Mejía, quien es secretario particular de Martha Elva Zúñiga Barragán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, desmintió las versiones que lo han involucrado en el asunto de la venta de plazas laborales dentro de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, como se ha dicho en los últimos días. Para dar más fuerza a sus puras declaraciones, el empleado de la Oficialía Mayor aseguró que se presentará personalmente ante el Ministerio Público para ayudar a las averiguaciones que realiza la Procuraduría de Justicia para castigar al presunto estafador.
EMPROBLEMADO.- Pues cuando ya parecía que todo estaba debidamente planchado para echarle banderazo de inicio a las obras viales en Avenida Muñoz, resulta que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción se inconformó contra la licitación, debido a que no se respetó el proyecto original. En su opinión, este proceso debe de ser repuesto, en consecuencia, porque no se observaron las condiciones mínimas de la ley. Además hay críticas en contra de constructoras que ganaron la licitación, como Alch, que recibirá 30 millones de pesos por construir el puente de Albino García, y La Paloma, que recibirá 29 millones de pesos. Estas empresas hicieron el mal afamado puente La Lagartija, en Ciudad Valles, que se vino abajo.
CÍNICO.- Se pasa de cínico el director general del Cobach, Mónico Jiménez Medina, quien, vestido con toda la impunidad del mundo, declaró a los reporteros: “Pueden comentar lo que gusten”. Ellos le inquirían sobre dos asuntos. El primero, ¿cómo pudo ser designado para ocupar ese cargo sin contar en ese momento con título profesional? Y el segundo, ¿por qué se niega a entregar las auditorías realizadas por la ASE al Cobach? El 21 de enero de 2013, cuando se le propuso para asumir el cargo, no contaba con cédula profesional, por lo que lo hizo sin cumplir los requisitos legales. Además fue amonestado públicamente por Alejandro Alfonso Serment, el pasado 28 de enero, por negarse a presentar las observaciones hechas a esa institución por la Auditoría Superior del Estado. Es la conchudez que da la impunidad.
HOSPITAL.- Hace unos días comentamos aquí que sería en última instancia la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien emitiera su opinión sobre lo sucedido en el Hospital Central, a causa de un parto ocurrido este pasado fin de semana en los baños del área de ginecología, que ocasionaron un escándalo nacional. Octavio Castillero González, director general del Hospital Central, había manifestado a propósito que todo había sido un “hecho fortuito”. Finalmente fue la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios quien emitió su dictamen, a partir de una investigación realizada por especialistas. Y es bueno saber que en el Hospital Central, una de las pocas buenas instituciones que todavía tenemos, hay personal dispuesto a trabajar profesionalmente, a pesar de las condiciones en que se encuentran.
PARQUÍMETROS.- En Ciudad Valles hubo molestias entre la población, debido a que ya también por allá les llegaron los vientos de la privatización de las banquetas y fueron instalados 70 parquímetros en las calles del centro. Allá será la empresa Iber Parking la encargada de la instalación de los mismos. A esta empresa se le pagará la fabulosa cantidad del 70% de la recaudación, por concepto de pago de aparatos, mantenimiento y servicios. El mísero 30% restante será para la hacienda municipal.
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