Guatemala destapó un negocio de trata de personas, abortos, sustracción de bebés y adopciones ilegales, con la captura de cuatro guatemaltecas que operaron una estructura criminal en dos modalidades: la interrupción clandestina de embarazos o el reclutamiento, con engaños, de numerosas embarazadas para oficios domésticos, a las que les arrebataban a los recién nacidos para entregarlos a supuestos padres adoptivos, mientras las madres biológicas eran cesadas de sus labores para quedar en el desamparo.
Con la captación de víctimas mediante avisos de ocasión en periódicos de ese país y sin que se descarte su nexo a otros aparatos criminales, la trama mezcló explotación sexual y violencia contra la mujer y era ejecutada bajo el encubrimiento de tres fundaciones en las que la cabecilla –Carmen Elisa Vidal Robles, de 55 años y acusada de trata de personas y conspiración para trata de personas- aparecía como dueña.
«Estas mujeres contrataban (con los avisos) a embarazadas para que realizaran servicios domésticos en diferentes residencias de su propiedad. Posteriormente, cuando tenían a sus bebés, las que las contrataban conseguían a otra familia para entregar a los recién nacidos en adopción ilegal», informó Pablo Castillo, portavoz de la Policía.
«Tras el parto, despedían a las madres, cuando ya no les eran útiles», narró, al subrayar que aunque «quizás» estuvieron operando durante varios años, esos y otros datos, como la responsabilidad de las fundaciones, son investigados. Las pesquisas sobre esta red se iniciaron en febrero, tras una denuncia en el Ministerio Público.
«Se ha establecido que las personas a las que vendían a los bebés son guatemaltecas. No hay indicios, por el momento, de que los hayan sido trasladados al extranjero. Pero son adopciones sin el consentimiento de la progenitora», explicó.
Para el negocio de los abortos, publicaron avisos en medios impresos de Guatemala. «Ofrecían su servicio a guatemaltecas que no tenían deseo de estar embarazadas. Por ejemplo, publicaban en medios guatemaltecos el mensaje concreto, explícito, de que ‘si está embarazada y no lo desea, acude a nosotros y nosotros te ayudaremos’. Dejaban un número de teléfono y así organizaban los abortos en diferentes clínicas clandestinas del país», relató el vocero.
La tarifa de abortos osciló entre 400 y 900 dólares, mientras que la de adopciones todavía se desconoce. Las mujeres fueron detenidas, por orden judicial en los últimos días en 12 allanamientos en la capital guatemalteca y en el occidental departamento de Quetzaltenango.
Deysi Lisbeth Flores Álvarez, de 48 y «asistente o subgerente», fue detenida en la capital, yElvira Consuelo Higüeros Hernández, de 42 y enfermera, cayó presa en el sur capitalino y se le acusa de encubrimiento propio. María Rosa Joaquina del Carmen Molina, de 69, fue capturada en Quetzaltenango y acusada de conspiración, trata de personas y aborto.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que, en un caso aparte, los guatemaltecosWilson Paxtor González, de 42, y Víctor Alfredo González Aguilar, de 29, fueron detenidos en Quetzaltenango por trata de personas.
