Garantizan el respeto a los derechos humanos de las personas

La diputada Marianela Villanueva Ponce, Vicepresidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, reconoció que la creación de las coordinaciones municipales de Derechos Humanos en los Ayuntamientos, es un paso fundamental en la protección y preservación de las garantías individuales de las personas.
Dijo que si bien el artículo primero de la Constitución, obliga a todos los órganos del estado, en sus tres niveles de gobierno, a respetar los derechos humanos y a garantizar su goce, desarrollo y ejercicio.
La iniciativa propuesta por ella, que fue aprobada en la sesión especial del pasado martes en Ciudad Valles, donde se conmemoró el 190 aniversario del Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí, es un avance que permitirá desde el primer eslabón de autoridad, garantizar el respeto a los derechos humanos.
Villanueva Ponce indicó que el artículo 102 apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, confiere a las Legislaturas de los Estados, establecer los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
“Se plantea en ese dictamen, que se logra a través de la genuina preocupación de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión emisora, la suma de esfuerzos de las asociaciones de abogados del Estado de San Luis Potosí, representadas por sus respectivos presidentes y las Comisiones Nacional y Estatal de los derechos Humanos, a quienes agradezco su cooperación y ahínco por sacar adelante la iniciativa que me refiero”, añadió la legisladora.
Enfatizó que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y ahora, con esta medida se da facultad de intervención plena a los Municipios.
Recalcó que las autoridades municipales tienen contacto permanente por las competencias de este nivel de gobierno, al ser la primera instancia de vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos.