La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó iniciar hoy un periodo extraordinario para procesar el dictamen de las leyes secundarias de la reforma política —avalado ayer en lo general en comisiones del Senado— y llevarlo al pleno para su discusión.
Las normas, pendientes desde el 30 de abril, forman parte de la reforma aprobada en 2013, y base del nuevo modelo electoral.
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El paquete comprende la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos y de Medios de Impugnación.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó un extraordinario que comienza hoy a las 11:00 horas; una vez que el Senado avale las leyes secundarias serán turnadas a la Cámara de Diputados, que fungirá como cámara revisora, para su aval.
PAN y PRD anunciaron reservas que llevarán al pleno, sobre el modelo de comunicación, la sub y sobrerrepresentación partidista en Congresos locales y el recuento de votos aleatorio cuando el margen entre primero y segundo lugar sea menor a 1%, temas en los que se centrará hoy el debate legislativo.
Las leyes definen el prorrateo, es decir la forma en que se pueden dividir los gastos en una elección, que involucren dos o más campañas de un partido; para la campaña de Presidente y candidatos al Senado se prevé una distribución de 40% y 60%, respectivamente.
Entre presidente y diputados, la fórmula cambia a 60% y 40% y si se combinan las tres será de 20% para presidente, 50% para senador y 30% para diputados.
Destaca la facultad del Instituto Nacional Electoral (INE) para “atraer” elecciones locales “cuando su trascendencia así lo determine” o cuando los organismos públicos locales lo soliciten.
La petición deberá realizarse por al menos cuatro de los consejeros electorales del instituto o la mayoría del consejo del organismo local.
El Consejo General del INE ejercerá la facultad de atracción con el aval de una mayoría de cuando menos ocho de sus integrantes.
Se establece que la fiscalización de los partidos políticos estará a cargo del Consejo General del INE, por su Comisión de Fiscalización, sin límites por el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
Se plantea que el INE realice convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la PGR para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Financiamiento a partidos
Se abre la posibilidad de que partidos políticos y candidatos utilicen recursos de su financiamiento público o privado, hasta en 80 millones de pesos extras en casos de financiamiento privado.
Se prohíbe que los aspirantes reciban aportaciones o donativos por parte de los sindicatos, organizaciones internacionales y ministros de culto, iglesias o grupos de cualquier religión, entre otros.
Se norma la reelección para senadores, diputados y alcaldes; se regulan las candidaturas independientes para presidente con 1% de firmas, 2% para diputados y senadores, conforme a distrito y entidad.
Se garantiza el voto de mexicanos en el extranjero, vía postal o electrónica, para senadores. Para candidaturas comunes los Congresos locales establecerán sus normas.
Los partidos están obligados a presentar informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, y sujetos a sanciones de 300 y hasta 10 mil días de salario, de no atender requerimientos de información de Fiscalización del INE.
