Buro Politico

Al cuarto para las doce, pero ayer por fin las comisiones dictaminadoras de Justicia, Reforma del Estado, Gobernación y Segunda de Estudios Legislativos lograron acuerdos y aprobaron por mayoría de votos en lo general -las reservas se discutirán en el pleno- las leyes secundarias de la reforma político-electoral aprobadas en diciembre de 2013.
Las cuatro comisiones trabajaron hasta la madrugada del martes; se fueron a dormir con la convicción de lograr acuerdos y horas después, al filo del mediodía, lo ieron a conocer por lo cual la Comisión Permanente convocó a periodo extraordinario para hoy y mañana en el Senado y viernes para la Cámara de Diputados.
El coordinador priista Manlio Fabio Beltrones adelanta que la minuta que les envíe el Senado no sufrirá modificaciones ni siquiera en las comas. Irá por la libre, ya no hay tiempo para otra cosa.
El dictamen plantea reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Después, el Congreso de la Unión enviará el texto a los Estados para que, en 3 a 7 semanas más, haga los ajustes necesarios para adaptarlas al entorno local, lo que es crítico al menos en las 17 entidades –SLP incluido- que tendrán elecciones locales el próximo año.
PARTO DE CHAYOTES
Además, dichas leyes deben aprobarse en los estados a más tardar el 30 de junio próximo, a fin de cumplir la Constitución en su mandato de que “para que las reformas electorales puedan aplicarse en una contienda, deben estar vigentes a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral” que en la legislación actual comienza en octubre pero como adelantaron la votación un mes, será en septiembre.
Si mantuvieron en octubre el inicio del proceso electoral, quedarían 7 semanas; si lo adelantaron, como marcaría la lógica, solo 3, aunque en un Plan B cabría la posibilidad de mantenerlo por ésta única vez.
Con esas prisas, la LX Legislatura local prácticamente estará pariendo chayotes con la tarea de adecuar a tiempo el nuevo marco legislativo constitucional para los comicios del 2015 en nuestro Estado y además, de escapárseles algún detalle no dude que el proceso terminará judicializado, lo que podría dar triunfos en los tribunales y no en las urnas, como es de desear.
Consciente de esto, el diputado del Partido Conciencia Popular Jorge Alejandro Vera Noyola, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado se ha puesto a trabajar anticipadamente en los aspectos que será necesario modificar, e insiste en que todo esto es muy precipitado.
Si bien 3 a 7 semanas de ninguna manera garantizarían una adecuación impecable, todavía quedaría pendiente la aprobación por dos terceras partes de los Municipios potosinos, cosa que nunca antes ha sido posible en tan poco tiempo. ¿Lo lograrán ahora? Pues según Vera, ya están en eso.
TRABAJO LEGISLATIVO
En este marco, además de asistir puntual a sesiones y mantener su agenda ante las distintas embajadas de los países de la Unión Económica Asia-Pacífico, APEC, cuya Comisión preside, el senador Teófilo Torres Corzo presentó el pasado mes de abril, un proyecto de Decreto para reformar el Artículo 71 de la Constitución y facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para proponer iniciativas de ley “exclusivamente en lo relativo a las leyes que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación”.
En la exposición de motivos alude al Constituyente de 1835, que ya daba entonces tales facultades a los Supremos Tribunales de Justicia de los Estado, dice el Senador Torres Corzo, ¿Quién mejor que el propio Poder Judicial federal para conocer y proponer mejoras en su organización y funcionamiento? Así, su propuesta de atribuir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciar leyes en torno a su organización, no solamente no pugna con nuestra tradición constitucional ni con el derecho conferido en torno a ello en otras latitudes, sino que, en la práctica del actual Estado de Derecho, es necesaria su consagración como medio de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, pues una manifestación de su autonomía reside en que únicamente al mismo compete el conocimiento de sus circunstancias orgánicas, valoradas en relación con el mejoramiento de sus funciones.
CAMBIOS EN EL PRI
Y, no sin antes consignar que en medio de todo esto, trascendió que al Delegado del CEN del PRI, Jaime Santoyo Castro, le fue autorizado un proyecto de convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal, CDE, proceso que tentativamente sería llevado a cabo a partir del próximo mes de junio a fin de que las elecciones internas tengan lugar en agosto próximo con lo que, para nosotros van muy bien hacia la derrota en el 2015; que sigue el caso del licenciado Alberto Rojo Zabaleta a quien el Instituto Nacional de Migración, INM, ya denunció por acosos sexual a las niñas centroamericanas que ilegalmente retenía, lo que se defiunirá en los tribunales aunque la demanda no apunta muy bien a su causa; que el deceso de la maestra Nicolasa Leyva Torres, el domingo pasado, enlutó a la Facultad de Enfermería donde además de haber sido la primera enfermera en dirigirla, era toda una institución por lo cual fue muy merecido su reconocimiento póstumo que la Rectoría le rindió en el plantel que ella misma contribuyó a crear, y que fue dictado auto de formal prisión al ex alcalde de San Vicente Tancuayalab, Rodolfo Peña Meraz y dos colaboradores, por peculado y uso indebido de la función pública mientras que al ex edil de San Martin Chalchicuautla, Javier Antonio Castillo, se le giró orden de aprehensión por delitos similares; aquí nos leemos en otro BURÓ POLÍTICO el próximo domingo.