El regidor Jalil Chalita Zarur condenó la negligencia médica del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” que derivó en el parto de un bebé en los baños de la entrada.
En conferencia de prensa, indicó que los responsables deben ser cesados de inmediato, pero sobre todo se deberá capacitar a los empleados que reciban a los pacientes, para evitar que se repitan ese tipo de casos.
Dijo que la mayor parte del personal que recibe a los pacientes en situación de urgencia no es médico. «Siempre ha habido partos fortuitos, lo que no debe haber es una negación de la atención en las unidades de salud».
Advirtió que la ausencia de un marco legal que defina la violencia obstétrica dificulta el combate y erradicación de este fenómeno que se traduce en prácticas discrimina-torias contra mujeres de escasos recursos económicos.
Expresó que la legislación en México no reconoce este tipo de violencia, caracterizada por la ausencia, deficiencia o negativa de servicio por diversas razones.
«Es importante que la ley estatal defina qué es la violencia obstétrica para que esta práctica se visibilice y sea mucho más fácil tener una transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado», sentenció.
De acuerdo con cifras del observatorio de mortalidad materna, de 1990 a 2013 han fallecido en México 29 mil 869 mujeres como consecuencia de los deficientes servicios de atención en salud repro-ductiva.
Indicó que este tipo de casos requieren una respuesta amplia y mutisectorial, pero no debe ser impedimento para atacarlos.
Hizo notar entre otros aspectos el hecho de que el sistema de salud en México es descentralizado, como consecuencia de lo cual la operación es responsabilidad de los gobiernos estatales y locales.
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