Silvia Vargas Escalera fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007. Para ella y su familia aún no existe justicia. Siete integrantes de la banda Los Rojos, implicados en el plagio y asesinato de la joven, están en prisión, pero en casi cinco años de proceso aún no hay una sentencia en su contra por este crimen.
El padre de la joven, el empresario Nelson Vargas, advierte que en este caso no sólo la justicia es tardía, hoy teme que los presuntos responsables queden libres, ya que en abril pasado, en relación con otro secuestro que perpetró, uno de los líderes de la organización obtuvo un amparo.
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En el expediente criminal de la banda suman 13 víctimas de sus actividades, y la única sentencia de 42 años de cárcel que existía en su contra por uno de esos delitos, fue revocada por un tribunal.
“Yo he leído que para que la justicia sea justicia debe ser expedita, entonces estoy muy preocupado; es que no veo sentencias, pero lo que más me inquieta es que estos delincuentes puedan salir a la calle”, señala el profesor en entrevista con EL UNIVERSAL.
A casi siete años del secuestro de Silvia, la pesadilla para la familia Vargas no concluye. La herida está latente. El profesor se pregunta: “¿Qué tengo que hacer? Ya he sufrido bastante, para que no exista una agilidad en la justicia, apelo a ella”.
Nelson Vargas pide al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que revise las causas de la dilación en el juicio de su hija, pide a la juez y magistrados que tienen a su cargo los expedientes de los integrantes de esta banda “que por favor tengan en cuentan a las víctimas, no puede estar pasando esto”.
“Ninguno está sentenciado, no está pasando nada. A mí no me queda claro que en un caso donde hay todas las evidencias contra los responsables, se le dé tanta lentitud; pero con esto que está pasando de los amparos me da miedo que al rato estén libres, y por eso debo estar al tanto de lo que hacen los magistrados y la juez de mi niña; no puedo de ninguna manera permitir que esté pasando esto y tengo que levantar la voz, se lo debo a ella, a mis hijos, a mi familia”, señala.
También le preocupa la falta de justicia para las otras víctimas de esta organización, cuando hay pruebas contundentes de que los hermanos Cándido, Miguel, Óscar y Raúl Ortiz González comandaban la banda, y que Francisco García Medel, Sergio Galindo López y José Antonio Estrada de Jesús participaron activamente en los 13 plagios que se les imputan.
La lenta justicia
Silvia Vargas fue plagiada en septiembre de 2007 cuando se dirigía a la escuela. En su secuestro participó el chofer de la familia, Óscar Ortiz González, hermano de los cabecillas de la banda. Sus captores le quitaron la vida, y hasta el 4 de diciembre de 2008 su cuerpo fue localizado en una casa de seguridad en la delegación Tlalpan, en el DF.
El chofer fue el primer detenido y sus declaraciones permitieron que en julio de 2009 cayera el resto de la banda. Sus hermanos Miguel Ortiz, ‘El Comandante Tigre’, y Cándido Ortiz, ‘El Comandante Blanco’, fueron identificados por las autoridades como sujetos de alta peligrosidad con antecedentes penales; el primero de ellos incluso se había fugado de un penal y después del hospital de Xoco, a pesar de estar bajo custodia de la policía. La autoridad presentó evidencias contundentes de su participación en el crimen contra Silvia.
Sin embargo, ninguno de los siete integrantes de Los Rojos ha sido condenado aún por el secuestro y muerte de la joven.
En el lento proceso que enfrentan, las diligencias se retrasan, ya que están en penales federales de otras entidades, y el juzgado está en el DF, lo que obliga a que las audiencias sean por exhorto y aun en videoconferencia, y programar cada sesión se traduce en burocracia.
A lo largo del juicio, incluso, la juez ha fijado fecha para la próxima diligencia hasta ocho meses después. Y los días sin resolución judicial se acumulan.
Los amparos
En enero de este año el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, en donde también se dirime la causa de Silvia Vargas, se dictó sentencia de 42 años y seis meses de prisión en contra de Miguel Ortiz, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y se le condenó con una multa de casi 250 mil pesos por reparación del daño por una de sus 13 víctimas.
No obstante, su defensa se inconformó y el caso se turnó a una magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, quien el 22 de abril pasado revocó la sentencia, ordenando la reposición del procedimiento “hasta la diligencia judicial inmediata anterior al cierre de la instrucción”.
Por un error técnico de la Procuraduría General de la República (PGR) —que en su momento atrajo el caso—, estos presuntos delincuentes fueron consignados bajo leyes federales, cuando se les debía aplicar la legislación vigente de secuestro en el estado en el que se perpetró el delito; ahora se deberá dictar una nueva resolución acorde con las normas estatales.
Luego de que Miguel Ortiz obtuvo su amparo, sus hermanos Cándido y Raúl promovieron uno similar en el expediente 3/2014, y están en espera del fallo. Además de la inexistencia de condenas contra estos sujetos, aún está prófugo otro presunto integrante de la banda, el argentino Iván Silvio Gabriel Pissaco.
