El Partido de la Revolución Democrática requirió de las autoridades estatales seguridad para los ejidatarios de Las Palmas, ubicado en el municipio de Tamuín, mismos que para evitar ser desplazados de sus centros de vivienda y de sus parcelas por la empresa cementera Anáhuac.
El ex diputado Óscar Hernández Rayón dijo que la semana pasada, alrededor de 200 ejidatarios procedieron a retomar sus parcelas de cultivo que, con el argumento de la explotación de piedra caliza y la presencia de máquinas trituradoras de gran tonelaje, fueron arbitrariamente cercados y bloqueados por loa funcionarios de la empresa cementera, apoyándose en la fuerza pública.
Hernández Rayón dijo que esta situación ya fue conocida por las autoridades de Gobierno del Estado, así como por el Ayuntamiento de Tamuín; sin embargo, la Cementera Anáhuac ha insistido en el desplazamiento de los ejidatarios de sus propias tierras de cultivo y su centro de población.
Las autoridades municipales han sido “advertidas” por la empresa de que de paralizarse sus actividades se incurrirá en un escenario de desempleo, además de que cesarán las inversiones, no sólo de la Cementera Anáhuac, sino de otras empresas interesadas en Tamuín, de no ofrecerse una plena garantía de certeza jurídica.
La comunidad de Las Palmas, integrada por alrededor de medio centenar de ejidatarios y sus respectivas familias, se han inconformado por la actitud de la Cementera Anáhuac ante las autoridades municipales, pero estas no han actuado, salvo para proteger y justificar a la empresa, aseguró el ex legislador Hernández Rayón.
El militante perredista, integrante de la corriente interna Izquierda Democrática Nacional –que encabeza el profesor René Bejarano Martínez—, solicitó a las autoridades municipales sujetar sus actos a derecho y proceder a la defensa de los intereses de los ejidatarios, ya que es la empresa la que ha procedido a invadir sus parcelas de producción, a afectarlas contaminándolas y a ocasionarles, además de incertidumbre, daños económicos importantes.
Recordó que la empresa de alguna manera, al ubicar un banco cementero en la comunidad. Convenció a la representación ejidal de la pertinencia de sus acciones de explotación, a cambio de erigir en la comunidad una construcción destinada a albergar la Escuela Preparatoria.
Sin embargo este compromiso no se ha cumplido y a cambio se ha contaminado sus parcelas, afectado la flora y fauna de la región, el agua, el suelo, se les ha provocado daño económico y, todavía la empresa ha procedido a cerrarles el paso a sus propias parcelas.
Los ejidatarios están dispuestos a defender sus tierras. Al momento 200 de ellos se encuentran protegiéndolas al retomarlas físicamente y poco más de 300 se disponen también a retomar sus tierras y reclamar la salida de la empresa cementera, dijo el ex diputado local Óscar Hernández Rayón.
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