Esa defensa a ultranza de su estrategia anticrimen retumba en la Torre Morelos, sede la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero el jefe policiaco también se dice convencido de que ni “el fiscal, las fuerzas federales, el Ejército, ni siquiera el Mando Único podemos dar de manera contundente un resultado a un fenómeno que se ha dejado crecer por muchísimos años y que evidentemente ha corroído muchas instancias”.
Una y otra vez rechaza el calificativo de estrategia policial “fallida”, como acusan sectores políticos de oposición, y sostiene que los datos sobre la incidencia de secuestros y crímenes violentos son temas subjetivos. En todo caso, expone, la presencia de hechos delictivos responde al sacudimiento de las estructuras corruptas de las instituciones que apoyaban a la delincuencia organizada y al crimen común.
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¿Y esos intereses todavía están incrustados en el gobierno?
¡Claro! Tan cuestionado como el tema de unos diputados relacionados con el crimen organizado (y) de algún senador que apoya a policías que nosotros tenemos en listas negras como corruptos o relacionados con el crimen organizado, o que vienen a pedir que les demos la atención cuando cometen algún ilícito.
Sin decirlo, Capella Ibarra se refiere al diputado local del PT Alfonso Miranda, presuntamente vinculado al jefe del cartel de Los Rojos, Santiago Mazari Miranda; en el caso del senador, el perredista Fidel Demedicis Hidalgo ha esgrimido la defensa de los policías despedidos como efecto de los exámenes de control y confianza.
El abogado de profesión y con prestigio policial ganado en Tijuana, Baja California, juzga que es corto el tiempo para evaluar la estrategia gubernamental y subraya que el método es puesto de ejemplo en otras entidades por el presidente Peña Nieto.
“No vamos a poner una temporalidad (para evaluar) porque ya vimos lo que pasó con los 18 meses”, dice el comisionado en alusión al compromiso del gobernador Graco Ramírez de acabar con la delincuencia en los primeros 18 meses de su mandato, plazo que concluyó el 1 de abril.
Con una losa de críticas por los más de 130 muertos en lo que va del año, entre víctimas del crimen organizado, secuestros, feminicidios, asaltos y robos a mano armada, Capella Ibarra insiste en que la estrategia es la correcta y subraya que una tragedia como el homicidio del catedrático Alejandro Chao y su esposa no debe determinar su modificación porque eso “sería verdaderamente equivocado y absurdo”.
Sin embargo, las expresiones de protesta comienzan a expandirse en diferentes sectores y en sus cuatro meses de cargo Capella ha visto manifestaciones de médicos, abogados, productores, estudiantes y ahora autoridades académicas por crímenes cometidos contra sus integrantes. La última marcha ocurrió el miércoles por el homicidio del director de la Escuela de Trabajo Social, Alejandro Chao, y su esposa.
Es un tema doméstico, dice el jefe policiaco, porque fue perpetrado por personas que laboraron en esa casa, cercanos a las víctimas, y ese tipo de asesinatos “son difíciles de evitar porque no ocurren en una situación de ambiente público”, esgrime.
Lamentablemente, subraya Capella Ibarra, en el país ha habido enormes tragedias provocadas por situaciones relacionadas con el crimen organizado, aunque el homicidio del catedrático no es una de ellas, “pero tenemos que dimensionarlo y seguir trabajando”, argumenta.
“Debatitis”
En la Torre Morelos la seguridad es extrema. A las puertas del salón de juntas hay por lo menos cuatro escoltas del comisionado de profesión abogado, mediana estatura y con semblante serio.
Desde la cabecera de la amplia mesa, Capella elude hablar de las cifras que ubican a Morelos en los primeros lugares de incidencia delictiva.
La determinación, dice, fue dejar a un lado la “debatitis” porque cuando a alguna organización no le favorecían los datos publicados por el gobierno federal se “sacaba de la manga” el recurso de la “cifra negra” y entonces comenzaba un debate estéril.
Pero el hombre sobre quien descansa la política anticrimen en Morelos está seguro de que el camino andado es el correcto, aunque lamenta que los “grandes” resultados obtenidos desde el 27 de marzo en Cuernavaca se empañaron con el doble homicidio perpetrado en contra del catedrático y su esposa.
Capella, cuyo mote de El Rambo de Tijuana comienza a diluirse entre los morelenses, asegura que no es una persona de “ocurrencias” sino de estrategia y garantiza que el tiempo, el empeño y la calendarización de las acciones le darán el éxito a corto plazo en relación al abatimiento a la inseguridad pública en Morelos.
“No estamos satisfechos, nunca lo hemos dicho”, afirma, y precisa que los esfuerzos están concentrados en el combate al secuestro, la recuperación de espacios públicos y la limpia permanente de instituciones corrompidas.
Sobre el desarrollo de la incidencia delictiva en la capital del estado, afirma que sería ingrato cuestionar la acción del mando único a un mes de su aplicación. “No es por obra del Espíritu Santo como van a cambiar. No es un tema de la noche a la mañana”, justifica.
Que Dios los bendiga”
Y a quienes exigen su salida como comisionado simplemente les ofrece la bendición divina. Obvia, asimismo, que ante la salida del Ejecutivo sería inminente su renuncia, así como la de todos los integrantes del gabinete.
Pero Capella aclara que no entrará al debate sobre la presentación de su renuncia. “No es un tema que esté en la mesa”, ataja.
Por el contrario, asegura, cuenta con el apoyo de gente de los sectores productivos y la iglesia, y con ellos seguirá trabajando pero también respetará las voces disidentes.
¿Qué le dice a la gente sobre los crímenes?
Que hay avances sustanciales, que vean las circunstancias que rodean el hecho y que nunca hay que bajar la guardia, que estamos avanzando en la creación de instituciones más sólidas y que no es la misma institución que recibí hace cuatro meses.
