CONFRONTACIÓN.- Son varias las palabras que se han pronunciado para referirse a lo sucedido ayer en la Facultad de Derecho, con motivo de un foro en donde se confrontarían posturas respecto de la conocida como “Ley Antimarchas” o “Ley Boris”. Hay quienes hablan de que asomó la violencia, otros dicen que sólo hubo jaloneos e insultos, unos más comentan que a punto estuvo aquello de llegar a un linchamiento. Cualquiera que sea la palabra que desee anteponerse para hablar de lo sucedido en ese centro educativo de la UASLP, lo cierto es que dicha iniciativa ha crispado a amplios sectores de la sociedad potosina y los ha puesto en tensión.
REFLEXIÓN.- Sería bueno que el autor del proyecto de reglamentar el derecho a las protestas callejeras en San Luis Potosí, reflexionara serenamente acerca de los alcances de su propuesta y pensara en qué tan bueno es insistir en impulsarla, porque lo sucedido tanto en el Congreso del Estado, hace unas semanas cuando sesionaban los diputados, y ahora en un aula de la Facultad de Derecho, son advertencias muy claras de la existencia de una férrea disposición social a defender sus últimos espacios de libertad, entre ellos el de expresión y protesta callejeras.
INCONGRUENTE.- No deja de ser cuestionable que el diputado panista Alejandro Lozano González sea el principal impulsor de esta intentona por reglamentar las protestas callejeras en San Luis Potosí (algunos le llaman de una forma más grave y le dicen: “criminalizar”). Debido a que el PAN, el partido al que pertenece este diputado, impulsó durante las décadas de los 80 y de los 90 formas de lucha en la vía pública, e incluso sus militantes bloquearon accesos a edificios y carreteras, bajo la denominación de “Resistencia Civil Activa y Pacífica”, resulta incongruente que ahora pretendan legislar sobre sus propias enseñanzas.
PROFESIONALES.- Por supuesto que hay grupos y personas que se han convertido en profesionales de la protesta, motivo por lo cual vandalizan la administración pública. En esta Capital potosina los tenemos plenamente identificados y llegan a utilizar incluso folclóricas formas de expresión. Estos grupos y personas de chantajistas extraen millonarios recursos de la hacienda pública, que deberían de ser aplicados por las instituciones en forma directa y transparente en aquellos que requieren la acción del Estado. Sin embargo, no porque existan grupos y personas que delinquen por su oficio en la intermediación entre autoridades y pueblo, debe de asumirse una postura a favor de la limitación judicial de la libertad de expresión y de manifestación callejera.
DESVIACIÓN.- Además de que en amplios círculos de la sociedad potosina existen fuertes críticas hacia los diputados locales por emplear recursos públicos en evidentes actos de promoción política, también el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha integrado expedientes sobre ellos por violaciones a la legislación en la materia. Con motivo del Día del Niño y del Día de la Madre hubo quienes desviaron recursos financieros de la Legislatura a la adquisición de regalos y dulces y organización de convites, en vez de emplearlos en actividades propias de su naturaleza.
INDEFINICIÓN.- Si los diputados locales y los presidentes municipales creían que podían hacer cuanto quisieran para promoverse a otros escaños políticos, aprovechándose de la indefinición en que se encuentra el universo electoral, a consecuencia de la inexistencia de leyes secundarias, están equivocados. Ya los organismos estatales y el nuevo instituto nacional discutieron el asunto y establecieron acuerdos para apoyarse, hasta en tanto existan dichas leyes secundarias, ocasionadas por la reforma en la materia. Más les valdría a diputados y alcaldes andarse con cuidado, porque hay quienes litigarán sus expedientes.
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