En el entorno de la con trovertida iniciativa de regulación de manifestaciones, propuesta por el diputado Alejandro Lozano González, el residente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, anunció que el ombudsman potosino emitirá un informe especial.
Y es que, observó que en la iniciativa de Lozano González se encuentran algunas figuras jurídicas penales, con vistas a la criminalización de las manifestaciones públicas, por ejemplo, al introducir el término de reincidencia, lo que representa un atrabiliario “tope” al ejercicio de un derecho, supeditando a una sola ocasión, e ignorando con ello la complejidad de la vida y de las relaciones sociales frente a las instituciones e instancias públicas.
El aula Félix Fernández, donde se realizó el foro de análisis de la propuesta de la denominada Ley Boris fue desbordado por los colectivos y organizaciones sociales, entre las que se contaron #YoSoy132 SLP, Universitarios Libres, la integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, Ciudadanos Observando, Movimiento Regeneración Nacional y Movimiento del Pueblo Libre, entre otras, además de particulares inconformados.
Jorge Vega Arroyo, consejero presidente de la CEDH, llamó al diálogo de las partes, para la búsqueda de soluciones fundamentadas en la ley, con propuestas claras y con la disposición suficiente para, en todo caso, contribuir a la construcción de una ley reglamentaria en la que se garanticen los derechos individuales y colectivos tutelados y amparados por la Constitución.
Los diversos colectivos que se dieron cita en la pequeña aula universitaria de la Facultad de Derecho, expusieron quejas, razones y fundamentos para mostrar su repudio a la propuesta del legislador, demandándole retirarla.
El legislador Lozano defendió su propuesta destacando que el fondo de la misma persigue preservar y proteger los derechos afectados de terceros.
La respuesta de los opositores a su iniciativa de ley reglamentaria fue unánime: las manifestaciones públicas de repudio a las autoridades son el efecto y no la causa; el fondo del asunto, entonces, sustentaron, se encuentra en el incumplimiento de las autoridades, por cualquiera de estos factores: indolencia, incapacidad, insensibilidad, uso indebido de la función pública y abuso de poder, situaciones que caen en un foso de impunidad, propiciado por un vacío legal.
Las organizaciones que acudieron al Aula Universitaria hicieron valer sus derechos de voz y presentaron de manera abierta, directa y sin tapujos, sus argumentos para definirse en contra de la propuesta de regulación, calificándola como una maniobra por la cual se pretende suministrar la mayor impunidad posible a la irresponsabilidad de los servidores públicos y, particularmente del casi permanentemente ausente gobernador de San Luis Potosí.
En el recinto universitario atronaron las consignas de repudio a la iniciativa del diputado panista Alejandro (El Boris) Lozano, menudearon los carteles con leyendas que descalificaron al legislador, cuestionando su responsabilidad como representante social en el Congreso del Estado.
Como en las manifestaciones callejeras, algunas organizaciones gritaron en el recinto universitario sus consabidas consignas: “¡Si Zapata Viviera, qué chinga le pusiera!”, mientras que en las leyendas en cartulinas, se escribieron cosas como esta, en alusión al sobrenombre por el que le gusta ser llamado el diputado: ¡Burris! ¿Y dónde están tus sesos?” “¡No a la ley Burris!”. “¡Rechazo total a la propuesta animal; rechazo total, es inconstitucional!”.
La masa que hizo valer su derecho a protestar contra la iniciativa desbordó el pequeño salón, ubicándose en los pasillos del primer piso de la Facultad de Derecho, en donde estuvieron presentes también los informantes de las diferentes instituciones públicas federales, estatales y municipales.
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