Un año y cinco meses del gobierno del presidente Peña Nieto se entremezclan las luces y sombras. Empezó con un éxito, el Pacto por México, y siguió en Michoacán y otros estados con intervenciones federales para enfrentar el gravísimo problema de inseguridad y delincuencia,
in saberse bien cuál será el resultado final de esa política. Y después entró en las “reformas estructurales”, donde el empantanamiento actual refuerza la duda de si ese camino es el idóneo de un gobierno eficaz en beneficio de este país. Para empezar, se cae en lo que ya he mencionado antes y que en artículo reciente bien define María Amparo Casar: “está de moda hacer leyes para cuanto problema aparece en México… los políticos mexicanos tienen un sesgo a favor de la emisión de leyes, como si fuéramos un ejemplo mundial en materia de legalidad, pero no son tan proactivos cuando de administrarlas y gestionarlas se trata”. (Excélsior, 16ab14). Para hacer más eficaz nuestro sistema de gobierno es necesario buscar en primera instancia afinar la operación y resultados del aparato institucional existente, sin introducir interminables experimentos legales que nunca acaban de perfeccionarse.
En ello es esencial la acción del Ejecutivo para sacarle jugo a una buena administración, aunque es necesaria también la participación del Legislativo y del Judicial, claro, aquí también sin ensayos sino con base en el régimen político en que ya llevamos tantos años de práctica. Ahora algunos proponen diversos esquemas de parlamentarismo, cuando es evidente que las fallas severas están en la forma de operar de los propios políticos, en sus componendas, en la falta de ética o de responsabilidad social de algunos de ellos, en la partidocracia.
Y no son pocas las áreas en las que México requiere de un gobierno federal eficaz, impulsor y orientador, y de gobiernos estatales y municipales que también cumplan eficientemente esas funciones, siempre en el marco de un federalismo reforzado; mencionemos unas de entre ellas:
La seguridad en las personas y bienes de los mexicanos y la urgente necesidad de una disminución acelerada de los índices delincuenciales.
Apresar más malhechores o decomisar más drogas no son indicadores de éxito sino de que la delincuencia se extiende. Y también su poder, por lo que es esencial instaurar ya el adecuado blindaje institucional contra las amenazas y la cooptación que el crimen organizado ejerce contra autoridades, jueces, policías. Y lograr todo esto en la mayor libertad posible para los mexicanos, sin que la lucha contra la inseguridad sea ocasión para violaciones a nuestras libertades o derechos básicos… ni, claro, la libertad pretexto para que los ciudadanos perdamos el respeto debido a la ley y el orden.
Y son muchísimos los casi 15 mil ejecutados en el presente sexenio; la guerra en la que hemos sido metidos para combatir al narcotráfico no se justifica, y no se está ganando, como reconocen en el propio Estados Unidos los jefes del Comando Sur y de la Guardia Costera (La Crónica, 30ab14). Y a pesar de que la cooperación de México con la DEA estadunidense “está en su punto más alto”, como dice la jefa del organismo, Michele Leonhart.
Seguridad económica y reducción sustancial de la desigualdad económica y social, con un mercado interno fuerte, empleos dignos, educación, para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Lograr la autosuficiencia alimentaria, tecnológica y energética. Se acaban de entregar al Congreso las iniciativas de ¡21 leyes secundarias! de la reforma energética, reafirmando que “los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación”, pero ¿esta nueva ola privatizadora asegurará que los vastos excedentes financieros del petróleo servirán para reducir la desigualdad económica y social que nos agobia, cuando la primera privatización iniciada en los años ochenta del siglo pasado resultó en todo lo contrario?
La sustentabilidad ambiental a fin de revertir el acelerado proceso de degradación del medio ambiente en muchísimas partes del territorio nacional. Es esencial la inversión pública para estimular el crecimiento económico del país, pero en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 no se destaca cómo se va a controlar el negativo impacto ambiental de los proyectos del Programa.
Los gobiernos no son los únicos actores en la vida de una nación; igual de esenciales son los individuos y las organizaciones de todo tipo en que se agrupan. Pero los gobiernos tienen un importante papel catalizador y de orientación de los esfuerzos de un pueblo, sin malos manejos. ¿Cómo es que todavía no existe la prometida Comisión Nacional Anticorrupción?
Habrá que ver cómo se gestionan eficiente y honradamente los recursos gubernamentales con las nuevas tendencias que ya parecen inevitables.
La entrega al sector privado o la “tercerización” una alta proporción de los proyectos de los presupuestos de obras o servicios gubernamentales, hacen exigible que los gobiernos ejerzan el más extremado control de los respectivos contratos. Y en cuanto a la proliferación de “órganos autónomos”, evitar que su autonomía sea una ficción que esconde su control partidario (además de que la permanencia de sus miembros en sus encargos altera el principio de elección democrática por tiempo determinado para los puestos oficiales).
