Ante las constantes observaciones que se aplican a los ayuntamientos por la ejecución irregular de los recursos públicos de parte de algunos alcaldes, el Congreso del Estado analiza una iniciativa de ley para que los contralores municipales no sean designados por el alcalde en turno, sino por un consejo ciudadano, toda vez que esto permitirá trasparentar la aplicación de los recursos y sobre todo evitar actos de corrupción.
El diputado perredista Filemón Hilario Flores reconoció que es necesario impulsar esta iniciativa en razón de actualmente los contralores municipales son elegidos por el alcalde, lo que genera un alto riesgo de que sean juez y parte en la vigilancia de los recursos y lo que incluso genera que al momento de la fiscalización de las cuentas públicas sobresalgan las irregularidades en perjuicio del patrimonio de los ciudadanos.
Consideró que la verdadera atribución de un contralor municipal es el vigilar la correcta aplicación de los recursos de parte de los alcaldes e incluso emitir recomendaciones para corregir y garantizar que los apoyos lleguen a quien así lo requiera y evitar sobre todo que los recursos sean utilizados al contentillo de los alcaldes o para uso personal.
Por lo pronto, reiteró que los contralores municipales no deben ser designados por el presidente municipal en turno, porque no cumplen su función eficientemente, lo que ha generado que se registren innumerables observaciones en las cuentas públicas municipales al permitir que se cometan inconsistencias que repercuten en el buen manejo de los recursos públicos.
Dijo que lo más conveniente es que estos funcionarios sean designados por un consejo ciudadano para que no tengan que sujetarse a las instrucciones de su jefe, que es el presidente municipal, y respondan entonces a la ciudadanía, que es la que les daría la responsabilidad.
Hilario Flores consideró que la verdadera atribución de un contralor municipal es el vigilar la correcta aplicación de los recursos de parte de los alcaldes e incluso emitir recomendaciones para corregir y garantizar que los apoyos lleguen a quien así lo requiera y evitar que los recursos sean utilizados al contentillo de los alcaldes o para uso personal.
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