Este 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, que se origina en 1970 y que fue proclamado oficialmente el mismo día de abril de 2009 por la Asamblea General de Naciones Unidas, al reconocer “que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra”.
Verdades de a kilo que se hacen cada vez más evidentes al constatar el grave deterioro a que siguen sujetos los recursos naturales y los ecosistemas de este planeta, en su mayor parte por la acción del ser humano, por su modelo de producción y consumo y sus estilos de vida, en lo que los ambientalistas siempre han hecho mucho hincapié… y por los abusos, el egoísmo y la rapiña de los que los humanos no nos podemos desprender.
En México, una ceremonia conmemorativa fue encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, en la Reserva de la Biósfera “El Pinacate”, en el Gran Desierto de Altar, en Sonora, donde reafirmó el compromiso de su gobierno con la preservación y el cuidado del medio ambiente, objetivo que es un deber de todo mexicano, como bien señaló. Claro, con el adecuado marco institucional y normativo para facilitar y hacer eficaz esta tarea. Y es aquí donde creo que va a resultar de gran trascendencia el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018, proyecto que, según se colige de la página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno federal estará poniendo en vigor en breve “para transitar hacia estilos de vida y patrones de producción y consumo sustentables”, como parte del Plan Nacional de Desarrollo aprobado mediante decreto en el Diario Oficial el 20 de mayo 2013.
En efecto, ese Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018 —elaborado bajo la coordinación de la Semarnat, en consulta pública y por internet y en 8 foros regionales, en un proceso participativo de los sectores público, privado y social, y que está ya en la fase de borrador para ser a su vez decretado en el Diario Oficial— tiene que ser resaltado en todo lo que vale pues incorpora las definiciones, normas, prácticas y actividades relacionadas con el modelo de producción y consumo que son esenciales de observar escrupulosamente en este país para la eficaz y adecuada conservación del medio ambiente en todas sus facetas, en el presente y también para el futuro.
Destaquemos sólo algunas de sus relevantes disposiciones, partiendo del borrador de decreto presidencial, que señala que el Plan Nacional de Desarrollo tiene entre sus objetivos “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. De aquí se desprende la definición de “producción y consumo sustentables”, como “el uso de servicios y productos que responden a las necesidades básicas, mejoran la calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos, y la generación de residuos y contaminantes a lo largo de su ciclo de vida, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.
La perspectiva a futuro que guiará estos esfuerzos es muy avanzada y multifacética, pues además de la sustentabilidad, incluye los objetivos de reducción de la desigualdad y la pobreza y de la amplia responsabilidad y participación social. Así, se dice: “Visión: Para el año 2018 diversos actores de la sociedad mexicana están comprometidos con el proceso de cambio hacia una economía equitativa y responsable, cimentada en sistemas de producción, distribución y consumo sustentables; participan activamente en procesos que favorecen la transformación de los patrones de producción y consumo conformando así nuevos estilos de vida basados en la responsabilidad económica, social y ambiental. Las prácticas vinculadas con el uso del agua, materiales, energía y los elementos de la riqueza biológica del país se realizan con un enfoque de ciclo de vida y son eficientes y competitivas. Dichas prácticas buscan en todo momento la desvinculación del crecimiento económico del deterioro y degradación social y ambiental y se vinculan con el respeto y el cuidado de la biosfera, con el respeto a la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, la valorización económica de los recursos naturales y de los servicios ambientales y la reducción de la desigualdad y la pobreza. Contribuyen también a la mitigación y adaptación al cambio climático avanzando hacia la sustentabilidad local, regional, nacional y del planeta”. Otro elemento importante del Programa Especial es el “aprovechamiento integral de los subproductos de los residuos sólidos, considerando para ello (reducir, reutilizar y reciclar) como parte de las acciones necesarias para el fomento de prácticas de producción y consumo sustentable”.
Relevante es también que en la implementación y operación del Programa Especial se propugna la “coordinación al interior del sector público, de manera vertical vinculando los tres órdenes de gobierno, lo local con lo nacional, y de manera horizontal, articulando los diversos sectores…”. Así, será posible hacer una muy responsable evaluación de los proyectos de gran envergadura que en nuestro país se planea llevar a cabo, para asegurarse de que cumplan plenamente con los objetivos y requisitos del Programa Especial y, de no ser el caso, habilitar las modificaciones necesarias para que lo hagan o, en última instancia, descartarlos si es que ello es imposible. Ejemplos inmediatos de este ejercicio de evaluación de impacto ambiental serán los muy diversos proyectos que la reforma energética pretende impulsar, muy marcadamente, la explotación por Pemex o por compañías privadas del petróleo y el gas de los yacimientos de esquisto (shale), con sus altos riesgos ambientales, o los 4 gasoductos que el mismo Pemex construirá en el Istmo de Tehuantepec, entre Veracruz y Oaxaca, o los 5 ductos que la CFE planea instalar en el norte para importar gas de Estados Unidos. Igualmente tendría que ser sujeta de esta evaluación la ampliación hasta Texcoco del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y muchas otras obras de gran impacto ambiental y a las comunidades.
También habrá que poner un mayor énfasis en el mantenimiento de la infraestructura pública y privada de conservación ambiental.
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