Durante esta semana en Brasil se aprobó una ley que protege la privacidad de los usuarios en internet y al mismo tiempo, en México se discutía la iniciativa de las leyes telecom que Enrique Peña Nieto envió al Congreso y que tiene un apartado referente a la web.
El anteproyecto de telecomunicaciones, que debió de haberse aprobado en comisiones y turnado al pleno de la Cámara Alta, causó revuelo al argumentarse que buscaba censurar la libertad de expresión en la red y debido a las divisiones en las bancadas, la discusión entre los legisladores se declaró en receso hasta nuevo aviso.
Por otra parte, en el marco de la cumbre NetMundial, que busca soluciones a la gobernanza en internet para los próximos años, la presidenta brasileña Dilma Rousseff promulgó el marco civil de internet, ley que otorga garantías y obligaciones a los usuarios de la red en ese país.
La libertad de expresión, la privacidad y la neutralidad de la red son las piezas fundamentales que otorga esta legislación brasileña. De acuerdo con medios internacionales, esta es una de las respuestas de Rousseff al escándalo de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, revelado por Edward Snowden.
Brasil y México:
comparación
El disgusto por las pretensiones de Lozano corresponde, en gran medida, al capítulo sexto de su proyecto, que corresponde a la neutralidad de las redes. En cuanto a la privacidad, en éste se propone que se “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o, cuando medie orden de autoridad competente”.
El predictamen también considera que “los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas diferenciadas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”, lo que se traduce en tarifas diferenciadas en el servicio de internet.
Difiere en esto el Marco Civil de Rousseff, ya que uno de sus grandes aciertos es prohibir a las compañías que ofrecen el servicio de internet cobrar por accesos preferenciales a sus redes.
En cuanto a la retención de datos, el proyecto de Lozano contempla que los proveedores deberán “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad”.
Esto con la finalidad de “prestar auxilio a las instituciones federales y locales de procuración de justicia y a las policías que en la investigación de los delitos” y deja en manos de los concesionarios de telecomunicaciones la discreción con los datos de los usuarios.
A este respecto, la ley brasileña es similar, ya que obliga a los concesionarios del servicio a hacer un banco nacional con los datos de los usuarios, el cual permanece vigente por 6 meses, el doble del periodo obligado en la predictamen de Lozano (12 meses), que originalmente proponía 24 meses. Sin embargo, la ley brasileña restringe los datos que pueden recopilar las compañías sobre sus usuarios y garantiza que los correos electrónicos sean leídos únicamente por sus destinatarios.
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