Por unanimidad fue reformada la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de determinar que en caso de que funcionarios electos incumplan resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se emitirá declaratoria de tal incumplimiento y se enviarán los autos al Congreso del Estado para que proceda conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
En nuestra normativa estatal el ordenamiento que determina con puntualidad los procedimientos por lo que, en su caso, se sanciona, inclusive con la destitución, a los servidores públicos que gozan de protección constitucional, es la Ley de Responsabilidades, por lo que se valora procedente señalar la remisión con puntualidad; así como la previsión de que el Tribunal emita la declaratoria del incumplimiento.
En la exposición de motivos del dictamen aprobada se señala que todo Estado democrático aspira a la seguridad jurídica, ya que ésta es la aceptación voluntaria de los ciudadanos, respecto de un orden político y jurídico; tal convicción será factible si está basada en principios que representen el consenso y el interés general; por lo que en consecuencia, será observada de manera voluntaria.
Posteriormente fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto y resolución que presentaron las comisiones de Hacienda del Estado; y Trabajo y Previsión Social que reforma los artículos 23 y 178 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Y desecha parte de la iniciativa sobre devolución de multas que impone el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Con esta reforma se establecerá en la ley mencionada que deberán ser consultadas la Secretaría de Finanzas y las tesorerías municipales correspondientes, para la fijación de las condiciones generales de trabajo que impliquen erogación con cargos a los gobiernos estatal y municipal. Además que para hacer efectivas las multas deberá girarse oficio al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado.
Cumplimentada la multa, la oficina recaudadora rendirá informe al tribunal con los datos correspondientes que acrediten su recepción.
También se aprobó por unanimidad el informe financiero del Congreso del Estado correspondiente a marzo de 2014.
Además se informó que 44 ayuntamientos potosinos ya validaron las reformas a los artículos 7, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en materia de derechos humanos, ejercicio del gasto público y plazo para municipios para aprobar minutas que modifican la Constitución, respectivamente.
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