Aunque el gobierno de Nuevo León, a través de su mandatario Rodrigo Medina y la Comisión Nacional del Agua, encabezada por David Koren-feld Federmman, signaron el convenio correspondiente para extraer agua de un afluente del Río Pánuco, ubicado en San Luis Potosí, y trasladarlo a través de un ducto de 84 pulgadas de diámetro y 520 kilómetros de longitud a la capital neoleonesa y al municipio de Garza García, el gobierno de San Luis Potosí no ha ofrecido su postura a este respecto.
La organización ambien-talista Pro San Luis Ecológico demandó de las autoridades locales, del gobernador de San Luis Potosí y de los presidentes municipales del área del Río Pánuco una manifestación clara de su postura y, desde luego, la información y consulta que reclaman los potosinos, respecto de los impactos del denominado proyecto Monterrey VI en el ecosistema potosino.
El vocero de Pro San Luis Ecológico, Sergio Serrano Soriano, destacó el derecho de los potosinos y, en particular, de los huastecos a conocer minuciosa y de manera profunda el proyecto, así como las razones y fundamentos que llevaron a su eventual autorización por parte de la Comisión Nacional del Agua, que se ha mantenido, junto con las autoridades estatales y municipales omisa en la obligación de consultar a los ciudadanos.
Se sabe de este proyecto, y del convenio signado entre el gobierno de Nuevo León y la Conagua, sólo por los medios de información, pero no por parte de las autoridades estatales y municipales; un proyecto de esta naturaleza debió ser objeto de consulta a la ciudadanía de San Luis Potosí; objeto de análisis y discusión en la representación social del Congreso del Estado y debió, asimismo generar una amplia, profunda, meticulosa y pormenorizada información a los potosinos en general y a los habitantes de las inmediaciones del afluente del Pánuco, el Río Tampaón.
Se sabe que el proceso de licitación, apuntalado por Conagua está a punto de abrirse, y que ya se han manifestado alrededor de quince empresas interesadas en participar; sin embargo, se ha sustraído a los potosinos de la información que se requiere al respecto de las repercusiones en el territorio potosino de este proyecto, por el que se pretende garantizar el suministro de agua a Monterrey y la Zona Conurbada por los próximos cincuenta años, descuidándose las condiciones de desabasto de amplias comunidades de San Luis Potosí, incluidas muchas comunidades de las regiones Media y Huas-teca.
Las autoridades estatal y municipales de San Luis Potosí tendrían forzosamente que estar enteradas de este proyecto, toda vez que deberán involu-crarse en una serie de procedimientos de licitación, liberaciones de tenencia de la tierra, cambios de uso de suelo y, lo más importante, en la consulta a los ciudadanos de San Luis Potosí, a todos y, claro, a los que se verán afectados en sus tierras y en sus hogares.
El proyecto Monterrey VI contempla como prioridad la extracción, traslado y suministro del agua del Río Tampaón-Pánuco “para uso industrial, comercial y doméstico (ene se orden) para el área metropolitana de Monterrey, para lo que se contempla una inversión neta de 13 mil millones de pesos.
Pro San Luis Ecológico demandó la presentación de una postura clara y determinante del gobierno del Estado de San Luis Potosí; información precisa y clara sobre los impactos que este proyecto tendrá para la entidad y para la comunidad potosina, así como una consulta a las comunidades directamente afectadas y a la sociedad potosina en general.
, máxime que en San Luis no se ha resuelto el problema del desabasto de agua, ni siquiera en la Zona Huasteca.
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