Poco antes del puente que viene de la carretera a Puebla hacia la calzada Zaragoza, alguien que se firma pridf.org colocó un enorme cartel con una mujer que tiene el mismo gesto patético del Tío Sam cuando invoca el patriotismo de sus jóvenes para enviarlos a que los maten en países en los que no tienen pito qué tocar.
Adornada con un gorro similar, aunque con colores mexicanos, la mujer mira a los automovilistas que circulan por esa vía para convocarlos: “El PRI te necesita” y extiende el dedo índice para señalar a los que quiere sumar a las huestes tricolores.
Un ejemplo palpable del cipayismo, la sumisión, la abyección, la colonización de que somos víctimas en nuestra visión del país del norte. Indignante el letrero, a sus autores les faltó cerebro para imaginar algo más local, cualquier cosa que nos invitara a salir corriendo para inscribirnos en el comité más cercano. Invita, sí, pero a salir corriendo para alejarse de tan nefasta convocatoria.
Eso es lo visible. La embajada de Estados Unidos en México envió un boletín en el que se congratula por la entrega, correo inmediato, de un presunto culpable de promover pornografía infantil, capturado en nuestro país y enviado a Estados Unidos en cuestión de unas pocas horas.
Se trata de Michael David Wilson, de 30 años, al que de ninguna manera queremos tener en México, pero del que nos hubiese gustado conocer el desarrollo del juicio que manda la ley, para dictaminar expulsiones con entrega a policías gringos. Clarito: teóricamente —aquí todo es teórico— cuando un gobierno pide detención para extraditar a un posible responsable de delitos en su país de origen, se realizan los trámites correspondientes, pero previamente a concederla, nuestras leyes deben corresponderse con las del reclamante.
Un caso clarísimo fue la comedieta de Florence Cassez, de la que se negó el envío a Francia por razones sustentadas en leyes nacionales. Una, la falta de garantías de que la señora cumpliría la condena a la que había sido sometida por tribunales mexicanos; eso, desde luego, independiente de las patochadas del cómplice de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que permitieron que la Suprema “Corta” la enviara a Francia en calidad de heroína de telenovela.
Dice el comunicado de la embajada: “Un habitante del área de la ciudad de Bakersfield quien había huido a raíz de ser acusado en una corte federal por dedicarse a la pornografía infantil, está ya en la cárcel del condado Imperial tras ser capturado a principios de la semana por autoridades en México.
“Michael David Wilson… fue arrestado la noche del miércoles 2 de abril en Mexicali. Su captura fue resultado de una denuncia enviada por un residente de México que alertó a las autoridades en el puerto de entrada de Caléxico sobre la posible ubicación del fugitivo. El agregado de la Oficina de Investigaciones sobre Seguridad Nacional… comunicó esa información al Instituto Nacional de Migración (INM) que, a su vez, alertó a las autoridades locales que detuvieron a Wilson. Horas después, el otrora fugitivo fue deportado por México y entregado a las fuerzas de la ley de Estados Unidos (subrayado mío)”.
Explica el documento que la denuncia del presunto delincuente sexual fue recibida en forma anónima a través de un celular y se congratula de que ese servicio “es otro ejemplo estelar de nuestra cooperación con las fuerzas de procuración de justicia de México, y un recordatorio de que no permitiremos que nuestras fronteras sirvan de barreras para traer a los criminales peligrosos ante la justicia”.
Y mientras servimos a cabalidad los designios gringos, nos topamos una vez más con las violaciones legales y las faltas a las garantías de la Constitución de Estados Unidos en el caso de los condenados a muerte. Recordemos que la estimación de ejecutados se divide entre 80 por ciento, quizá más, de condenados de raza negra y de los denominados “hispanos” que son en mayoría mexicanos y menos del 20 por ciento restante, hombres de raza blanca o anglos, como quiera calificárseles.
México ha realizado gestiones inútiles en cuanto a la respuesta de las autoridades estadunidenses. El presidente Barack Hussein Obama ha manifestado su pesar por estos asesinatos legales, pero en el mismo tono y similar resultado al que se refiere a la legalización de indocumentados, los que lo llevaron a la Presidencia, y a los que con singular entusiasmo persigue y deporta.
En su gobierno, asegura The New York Times (que a veces es confiable), han sido expulsados dos millones de mexicanos, a los que el mandatario califica de delincuentes. El diario aclara que no son delincuentes, sino protagonistas de faltas menores principalmente relacionadas con el manejo de automóviles.
Este miércoles fue asesinado Ramiro Hernández, que no es una blanca palomita, pero en cuya ejecución se cometen crueldades reclamadas por la ONU y, reciente, por Alemania, que se niega a vender a Estados Unidos el producto usado para cumplir la condena. Se ignora si la inyección letal causa un sufrimiento que no debe ser aceptado por ninguna nación civilizada, dijeron los teutones.
Julio Aragón, activista residente en Estados Unidos, luchador incansable contra la pena de muerte, advierte que el gobierno de México mueve a sus funcionarios consulares ante la ONU para impedir que el medio centenar de compatriotas que están en el pasillo de la muerte sean ejecutados. Ramiro debió esperar 17 años antes de su muerte, aunque para condenarlo, el jurado requirió exactamente de cinco minutos. Ese fue el tiempo que deliberó.
Aragón duda en la calificación entre ignorantes o manipuladores, al asegurar que México olvida la conformación de Estados Unidos por 50 estados con Constitución propia, regidos por sus propios códigos que los eximen del cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales con los que sus leyes no estén de acuerdo, lo que lleva a considerar un cambio de táctica en las negociaciones con los estados con pena de muerte.
El activista sugiere el cabildeo directo con los gobernadores y los líderes electos de cada estado donde haya un mexicano en riesgo de ejecución.
Los líderes a los que hace referencia son senadores, legisladores de la Cámara baja, concejales y otros funcionarios electos por votación popular.
Después de 17 años encarcelado, Ramiro Hernández recibió atención plena del gobierno de México apenas el 20 de marzo cuando presentó su caso ante la Organización de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, de los que recibió apoyo por lo menos en la declaratoria formal.
Tanto el demócrata Obama como su antecesor, el republicano George W. Bush, se han manifestado en contra de la ejecución de nuestros paisanos, pero ellos mismos argumentan en contra: Estados Unidos es un país federal en el que los gobiernos estatales “no están obligados a acatar los tratados internacionales firmados por la Casa Blanca”.
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