Endurecerían acciones contra el ambulantaje

Los locatarios de los mercados municipales, ante la incertidumbre por la actuación de las autoridades municipales y que consideran que no garantizan que los zocos de protección no serán nuevamente invadidos por los comerciantes informales, exteriorizaron su inquietud y aceptaron que analizan tomar acciones más determinantes.
A través de Arturo Pérez Alonso, dirigente de los locatarios del Mercado La República, solicitaron a las autoridades municipales abstenerse de dispensar permisos para el comercio en la vía pública, en la zona del Centro Histórico y las inmediaciones de los mercados municipales.
Y es que el efecto del comercio informal sobre los mercados y los comercios establecidos se observa con la afectación de hasta un 70 por ciento de sus ventas.
Lo que debiera proceder, dijo Pérez Alonso, es que las autoridades, ante la proliferación de las actividades comerciales callejeras, diseñe –conjuntamente con las organizaciones de comerciantes informales—, un proyecto de reubicación, o varios, dado el número de organizaciones y grupos, con los que se pueda iniciar un proceso de regulación.
Indicaron que si bien existen mecanismos legales para proceder a la reubicación y regulación del comercio informal, muchas veces estos son desestimados por las propias autoridades, en especial cuando se encuentran a la vista los procesos político-electorales.
Aseguraron que en el análisis de la problemática, y de la afectación económica que se desprende de la ausencia de control y regulación del comercio informal, no desestiman ni manifestarse públicamente, ni acudir a las vialidades y plazas públicas para competir con los comerciantes informales, algunos de los cuales provienen de otras entidades del país.
Pérez Alonso observó que lo que están solicitando al presidente municipal capitalino, no es el despliegue de la fuerza pública para despejar el Centro Histórico y los Zocos de los Mercados Municipales, sino una cercamiento, con miras a tomar acuerdos con los comerciantes informales para un programa de reubicación y regularización.
Señaló que respetan el derecho al trabajo honesto que les asiste a muchos comerciantes informales, pero destacó que también hay un trasfondo que las autoridades municipales, y las estatales y federales están descuidando: el que algunas personas han hecho del comercio callejero una forma de evadir obligaciones fiscales, por lo que no necesariamente son impulsados por la necesidad de sobrevivir, además de que estos empresarios explotan a sus empleados de manera inicua.