El sector cultural de México carece de fondeo, de apoyo sustantivo por parte del sector privado, carece de una ley de museos y cuenta con una legislación endeble para defender su patrimonio cultural. Así lo advirtieron ayer reconocidos académicos, promotores culturales y expertos en políticas culturales durante el primer Foro virtual en derechos culturales.
Coincidieron en que urge una reforma estructural a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cambios en la Ley General de Cultura (LGC) e impedir que el INBAL y el INAH sigan actuando como satélites.
Francisco Javier Dorantes, académico de la UNAM, lamentó que se carezca de una ley de museos. “Por favor, queridos académicos, no hay una ley de museos, con la riqueza cultural que tenemos en nuestro país y no existe”.
Aseguró que se debe buscar una reforma estructural y técnica a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Histórico, ya que “en la aplicación práctica de mi vida profesional me doy cuenta cómo por esta falta de instrumentos jurídicos legales, lo urbano y lo ambiental prevalecen sobre lo cultural”.
Y agregó: “Esta ley que tenemos fue un avance, pero no es una verdadera Ley General de Cultura (LGC). Necesitamos otra que vaya al fondo de diversas cuestiones: distribución de competencias, principios jurídicos culturales, convenios de coordinación, verdaderos instrumentos de política pública, sistemas de verificación y de aplicación de la ley, las bases para la institucionalización del sector cultural”.
Además, “El INBAL y el INAH siguen actuando como satélites, los cuales están sufriendo regresiones en derechos humanos”.
Por su parte, Antonio Cabrera Solares, de la Red 3D, aseveró que “dentro de la LGC hace falta incluir la parte que corresponde a las ciudades patrimonio”.
El economista Ernesto Piedras recordó que, según cifras del Inegi, este sector genera 1.4 millones de empleos directos y, de acuerdo con la métrica de la Cuenta Satélite de Inegi, genera más del 3% del PIB, aunque cuando se suma la economía sombra alcanza hasta el 7 por ciento”. Aseveró que en este terreno aún faltan métricas y lamentó que cada año, se hable de un nuevo recorte presupuestal a la cultura.
El consultor Carlos Villaseñor criticó la ratificación del convenio de Unidroit que pretende formalizar la Secretaría de Cultura federal, que dirige Alejandra Frausto, en el Senado de la República.
No puedo dejar el tema de lado, por la mención que hizo Eréndira Cruzvillegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SC, que (antes) nos pronunciamos en contra de la ratificación del Convenio Unidroit, porque lleva un tema absolutamente público, como es el patrimonio cultural material, es decir, de bienes robados o ilícitamente exportados, al ámbito del derecho privado.
Nos coloca en una posición de desventaja muy grave frente a los países tradicionalmente importadores”, expresó.
Por su parte, el gestor cultural Eduardo Cruz Vázquez, reconoció que “el trayecto que resta de la administración tendrá cambios. Así que no estoy del lado de quienes piensan que ocurrirá algo que revierta la reducción presupuestal del gasto público que tanto ha lastimado a muchos trabajadores de la cultura”.
Y aseveró que se debe poner atención en quienes integrarán la próxima Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en pensar en una reforma a la LGC y revisar por qué el sector privado de México está ausente del apoyo a la cultura.
Carlos Lara G. refirió la falta de seguridad de los artistas y Arturo Saucedo criticó que se contrate a personas con becas de entre 4 mil y 6 mil pesos mensuales y que los derechos culturales se violen sistemáticamente y se desmantele el presupuesto y las instituciones culturales.
El primer Foro virtual en derechos culturales fue organizado por Artículo 27, Red 3D, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la UABJO y la UNAM.