- No se tiene en México una autoridad que regule y proteja este tipo de datos
La tecnología biométrica salió intempestivamente en México, de una caja de cristal donde estuvo desde que Mario Delgado, como coordinador de Morena en San Lázaro, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones, y ese “creativo” cuerpo legislativo, le añadió la biometría.
La minuta se envió al Senado, donde fue aprobaba con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
Muchos nos sorprendimos, pese a que la tuvimos mucho tiempo frente a nuestros ojos y no la vimos, o quedamos atrapados en los debates cosméticos que inundan la arena pública.
En México resulta peligroso porque no se tiene una autoridad que regule y proteja este tipo de datos
Pero la aprobación para obligar a unos 120 millones de mexicanos a entregar sus datos biométricos a las concesionarias de sus aparatos móviles, so pena de no poder usarlos o recibir multas de hasta 89 mil pesos, generó alarma inmediata
Pero aún no terminamos de aceptar que para utilizar la aplicación móvil de cualquier banco debemos de proporcionar nuestra geolocalización, ahora el Senado de la República busca obtener los datos biométricos de los mexicanos para contratar una línea de telefonía móvil, algo que para la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, resulta peligroso porque no se tiene una autoridad que regule y proteja este tipo de datos.
En la vida cotidiana mexicana, esa tecnología llamada biométrica, está siendo utilizada para desbloquear teléfonos celulares en lugar de escribir la contraseña, o en algunos hoteles, restaurantes y tiendas para determinar la temperatura de la persona, en estos tiempos de pandemia.
Afirmó que las empresas telefónicas tendrán que proporcionar dichos datos al gobierno mexicanos, al «Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil«, pero no se aclara quién será quien proteja dichos datos, y al no existir tal, se podría falsificar los datos biométricos de las personas, utilizándolos para intereses políticos, electorales o para sustitución de identidad.
Hay algunos aeropuertos, como en Tel Aviv y Dubai, donde algunas nacionalidades sólo tienen que colocar sus ojos frente a una pequeña pantalla, para que una tecnología que aplica análisis estadístico y mediciones matemáticas a la biología, extraiga todos sus datos.
Si no ha cometido algún delito, ni es terrorista, ni es buscado por ninguna autoridad en el mundo, entra en cuestión de segundos a esas naciones que tienen sistemas de seguridad interna muy rígidos.
En México se habla insistentemente que es un país de libertades y de garantía a los derechos humanos y a la privacidad de las personas, pero con esta ley ponen indiscriminadamente a la mayoría de los ciudadanos bajo un sistema de información constante de su vida privada.
Además de la posibilidad de que exista un gran robo de aparatos telefónicos para cometer delitos como las extorsiones y el responsable directo será el dueño del teléfono registrado.
Hasta hoy no existe un sistema total de inhibidores de llamadas de celulares en los penales de todo el país, que es desde donde salen la mayoría de las llamadas de extorsión.
Además, este sistema tecnológico no solo pueden crear un banco dinámico de datos para que te pongan en una situación comprometedora, para favorecer a alguien, ya tenemos falsificación de firmas, de datos, ahora se podría falsificar los datos físicos de una persona”, argumentó la CEO de AIPYC y exconsejera de la CEGAIP.
Aunque en México que ya existe una Ley de Protección de Datos la cual se estaría violando con esta propuesta de los senadores.
En los aspectos constitucionales, existen numerosas violaciones a la ley. Por ejemplo el artículo 16 constitucional sobre la protección de datos y el 24 y el 35, específicamente de la Ley General de Protección de Datos Personales, o el 176 sobre la regulación económica en términos del 28 constitucional.
Lo que aprobaron es una autentica confusión, donde obligan a que sean los concesionarios quienes elaboren el padrón biométrico y se lo entreguen al Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque este organismo les envió un oficio donde señaló que no tenía la capacidad, ni los recursos humanos y económicos para elaborarlo.
La ley crea ese padrón como una base de datos que, presuntamente, tiene como objeto el contribuir exclusivamente con la procuración de justicia y seguridad, pero en la práctica es totalmente opuesto.