En muy pocas ocasiones se ha registrado una acción legislativa tan desaseada, controvertida e inconstitucional, como la perpetrada al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el Senado de la República, aún más incomprensible la defensa a ultranza por el titular del Poder Ejecutivo.
Una reforma que prácticamente estaba consensada, siguiendo por sus trámites el proceso parlamentario, pasando los filtros en comisiones, su aprobación por el pleno del Senado se apreciaba sin sobresaltos.
Sin embargo, los senadores de Morena habían fraguado introducir de último momento un nuevo artículo transitorio, lo que llevaron a cabo, con el objeto de que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la vez preside el Consejo de la Judicatura Federal, extendiese su mandato por dos años adicionales, concluyendo su periodo con el sexenio.
A la oposición tal como lo habían advertido los morenistas les pasó de noche, los agarró dormidos, se percataron de ese movimiento ya cuando había pasado, algunos hasta lo votaron a favor, otros, ni siquiera estaban presentes en la sesión.
En fin, lograron su cometido, que evidentemente no fue algo improvisado, sino calculado, premeditado y ejecutado según lo planeado, con sigilo y gran perversidad, toda una acción concertada, encaminada a conseguir un propósito: conservar un aliado en el Poder Judicial Federal, inclusive a costa de violar la constitución.
Tal situación ha provocado una gran controversia nacional, destacados juristas e inclusive diputados de Morena han advertido y denunciado la flagrante vulneración a la Carta Magna, cuando menos en tres aspectos: el procedimiento parlamentario al introducir un artículo nuevo y trascendente sin haber pasado por comisiones, es susceptible de afectar toda la legislación; la extensión del plazo en la Presidencia de la Corte a quien actualmente ocupa el cargo, en contrario a lo dispuesto por el artículo 97 Constitucional, al establecer que solamente podrá durar en su encargo cuatro años sin posibilidad de reelección; y de conformidad al artículo 100 de la norma suprema, tampoco puede ocupar el puesto de Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura Federal por un lapso superior a los cuatro años.
El Presidente de la República, sin mayores argumentos jurídicos ha dicho que la reforma es constitucional, además que el Ministro Presidente Arturo Záldivar, es la única persona que a su parecer puede aplicar las reformas aprobadas, haciendo hincapié que la mayoría de los Ministros en funciones pertenecen al régimen anterior y, por lo tanto, no le inspiran confianza.
Ante ese panorama, lo menos que se advierte es una franca complicidad entre la mayoría de los legisladores en el Senado y el Poder Ejecutivo para introducirse y tener injerencia en el Poder Judicial Federal, trastocando los más elementales principios constitucionales, aspecto insoslayable, inconcebible desde un punto de vista democrático, nos hace recordar los vergonzosos episodios de Victoriano Huerta.
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