Y el momento decisivo puede estar cerca
Segunda y última parte
En materia de seguridad pública, se nos asegura que varios delitos de alto impacto han ido a la baja en los últimos días, aunque nadie explica cuál es la nueva política de combate al crimen que está produciendo el milagro. Se sabe que muchos medios han optado por ponerle sordina a sus denuncias sobre inseguridad y muertes violentas del crimen organizado, por temor a los ataques, amenazas y represalias desde Palacio Nacional. Pero la inteligencia norteamericana, por ejemplo, dijo hace poco que un tercio del territorio nacional está en manos del narcotráfico, y sube el clamor por la violencia del crimen organizado contra partidos y candidatos en esta época de elecciones. Manuel Espino, en EL UNIVERSAL del 19 de abril, escribió: “En 11 estados del país existe el mayor riesgo de violencia política y de que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales federal y estatal en marcha…”. Por último, en algunos estados como Michoacán, crece la llamada “emigración interna”, es decir, la gente que huye de sus pueblos y comunidades en busca de lugares más seguros, por temor a la delincuencia (Ver semanario Buzos de la Noticia del 5 de abril).
Este es, a muy grandes brochazos, el panorama nacional en víspera de la elección del 6 de junio, pero basta para entender los rumores sobre la alarma en Palacio Nacional por el temor a perder la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y con ella, el poder absoluto del Presidente para llevar a cabo sin obstáculos su 4ª Transformación. Ese temor se debe al creciente descontento nacional por el desastre económico, social y político de que acabamos de hablar, y buena parte del padrón electoral ve en el “voto de castigo” a Morena una necesidad urgente para iniciar de inmediato una enérgica corrección de todas las arbitrariedades e improvisaciones del Gobierno de López Obrador. El Presidente y su plana mayor saben bien que una derrota relativa en la próxima elección sería el principio del fin de su aventura “revolucionaria”, y quieren evitarla a como dé lugar; quieren imponer su triunfo por las buenas o por las malas, mediante la manipulación de la ley o con el uso de la fuerza.
Así se explica el más reciente atropello a la Constitución por los senadores morenistas y sus acólitos, obedeciendo órdenes del Presidente: la ampliación del periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia del ministro Arturo Zaldívar, de 4 a 6 años, para cubrir todo el sexenio de López Obrador. La cosa es tan grave, que ha levantado una verdadera tempestad de condenas y críticas en los medios, con una unanimidad que hace mucho no se veía. Algunos la han calificado ya como un golpe de Estado al Poder Judicial. En mi modesta opinión, el mayor peligro para la democracia mexicana es el control de los órganos responsables de llevar a cabo y sancionar legalmente los resultados de cada elección constitucional. En este sentido, es ya una verdad del dominio público el total sometimiento al poder presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TESPJF). Su presidente, al menos, ha dado pruebas sobradas de que no hará nada que contradiga la voluntad del Presidente.
El tropiezo para la mega maniobra que se prepara en las entrañas del Poder brincó donde quizá no lo esperaban. En efecto, el Instituto Federal Electoral (INE), a pesar del bombardeo de ablandamiento previo, no se dobló ante el intento de obligarlo a retirar su acuerdo de impedir una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados mayor al 8% sobre la votación total obtenida en la elección por cualquier partido. Con tal acuerdo, cortó las manos a los mapaches morenistas, que ya se disponían a repetir el fraude con la cual lograron la mayoría calificada en la legislatura actual.
Luego vino lo peor. El INE, con estricto apego a la ley, acordó por mayoría retirar las candidaturas a dos morenistas aspirantes a gobernadores de sus estados: Félix Salgado Macedonio, de Guerrero y Raúl Morón de Michoacán, por no haber entregado el informe de sus gastos de precampaña. Los agraviados apelaron al TEPJF y éste, luego de analizar el caso y no encontrar fallas en el proceso, regresó sorpresivamente el expediente al INE con la instrucción de revisar la sentencia. El propósito era obligarlo a rectificar la sentencia y a devolver la candidatura a los morenistas infractores. Pero el INE aguantó nuevamente la presión: por una mayoría mínima de 6 contra 5 consejeros, ratificó la sentencia y puso a salvo su autonomía e independencia. Con esto se convirtió en la peor amenaza para el plan de imponer una victoria fraudulenta de Morena en la elección que viene y en el enemigo a vencer.
Al parecer, el estado mayor de la 4ªT ya decidió jugarse el todo por el todo antes de las elecciones y precisamente para imponer su triunfo en esas elecciones. En un mensaje que circuló profusamente en las redes, el líder de Morena en la Cámara de Diputados anunció la decisión de su bancada de someter a juicio político a “varios” consejeros del INE. El juicio no tiene base legal; su motivación es estrictamente política y estrictamente política será la sentencia contra los principales representantes del órgano electoral supremo del país. Si la protesta pública no es suficientemente fuerte para hacerse oír en Palacio Nacional, el INE será descabezado y “remodelado” al gusto de la 4ª T, y este sí será un verdadero golpe de Estado, porque Morena impondría por la fuerza a toda la nación su ideología y su proyecto político. La democracia mexicana quedaría muerta y enterrada. Una arbitrariedad de ese tamaño es un peligroso aventurerismo político que cierra al pueblo la vía democrática para ejercer su soberanía y no le deja más opción que reclamar y ejercer su derecho a la desobediencia y a la rebelión contra un poder ilegítimo y opresor. Nadie debería echarse a cuestas una responsabilidad de tal envergadura.