Alcalde de Ciénega de Flores,

Alcalde de Ciénega de Flores, NL, sale de prisión

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el alcalde de Ciénega de Flores, Pedro Alonso Casas, fue puesto en libertad luego de haber sido detenido por presuntamente retener en una quinta a un militante de Morena.
El presidente municipal recuperó su libertad junto con uno de sus funcionarios detenidos, mientras que otros seis siguen a disposición de las autoridades. No obstante, la Fiscalía señaló que el munícipe sigue sujeto a investigación.
La dependencia indicó que por el momento no se aplicó acción penal contra Casas por ser alcalde en funciones y porque el delito que se le imputaba no procede en su caso para determinar prisión.
El ciudadano Pedro Alonso N, actualmente se desempeña como titular del poder ejecutivo del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, y el delito por el cual se le investiga no se relaciona con ninguno de los supuestos delictivos contemplados en el artículo 112 de la Constitución Política del estado”, señaló.
Los delitos a los que se refiere son delincuencia organizada, relacionados con hechos de corrupción, así como delitos graves que determinen Ley en Contra de la Seguridad de la Nación y la Salud. Sin embargo, esta libertad no implica la absolución del investigado y/o que se abstenga de continuar con la indagatoria y en su caso, de encontrar elementos suficientes, ejercer acción penal”, agregó.
Los otros detenidos fueron identificados como: Juan “N”; Jorge Alberto “N”; David “N”; Jessica Marlene “N”; Emanuel “N”; Miguel “N” y Julio César “N”.
Con excepción de los investigados Pedro Alonso N, por los motivos que se exponen y Jorge Alberto N por falta de elementos, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Antisecuestros ejerció acción penal por el delito de privación ilegal de la libertad”, compartió la Fiscalía.
La Fiscalía señaló que aunque no se ejerció acción penal contra Casas, tanto él como los demás detenidos pueden ser indagados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por su presunta participación en delitos electorales.

La privación ilegal de la libertad contempla una penalidad de 3 a 6 años.