El aspirante a consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando Sánchez Larraga anunció que interpuso un recurso de impugnación contra el proceso de elección de consejeros de la CEDH por parte del Congreso del Estado, por violación de la dignidad de los participantes y por lo poco transparente.
«Este proceso fue obscuro y nada transparente, el caso es que han violentado la dignidad de los que participamos y por tal motivo he promovido este juicio de garantías y la finalidad que yo persigo es que en todo caso el Congreso del Estado reponga el procedimiento electivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se reivindique mi dignidad humana y de todos los que participamos en el proceso, que el dictamen y discusión se exhiba claramente donde ellos valoraron y que permitan identificar las razones para elegir a las consejerías titulares», puntualizó.
Expuso que por estos motivos promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso, esto debido al hecho de que participó en la convocatoria para la elección del Consejo, «y ustedes conocen el procedimiento, se llevó a cabo un procedimiento lleno de irregularidades, un procedimiento donde se violó la dignidad y se faltó al respeto a todos los participantes, tanto de los candidatas a la presidencia, respetables académicas, conocidas y reconocidas activistas, al igual que a los aspirantes al Consejo».
Sánchez Larraga reiteró que toda la ciudadanía ha sido testigo de cómo fue un procedimiento muy manoseado donde no se cumplieron los principios y la consecuencia final es que se incurrieron en varias violaciones, «y después de hacer un análisis, por un acto de dignidad y reclamo promuevo este juicio de garantías».
Indicó que entre las irregularidades que detectaron, algunas de forma, en cuanto a la convocatoria ya que la elección de la presidenta como del Consejo estuvo fuera de plazo, ya que se hizo en una sesión extraordinaria, entonces estuvo fuera de plazo.
Abundó que otro punto fue que en la elección existió una antinomia a la ley, «que significa que el artículo 40 de la Ley del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, establecía que el consejo se establecía con nueve integrantes, quedando 10 personas, pero en marzo del año pasado hubo una reforma y típico por no saber cómo hacer las cosas, o por no poner la atención debida no se reforma el artículo 40 más no el 44, y esto es una antinomia y no se resolvió pese a la observación de la diputada Isabel González Tovar, que fue la más comprometida con el proceso».
El también académico de la UASLP dijo que la principal violación al proceso es que no hay elementos que indiquen una ponderación de cómo se evalúo a los participantes tanto en el Consejo como a la presidencia, «no conocían los expedientes, no conocían los currículos, Beatriz Benavente hizo críticas muy acertadas, lo reconoció y lo dijo que les dieran tiempo de leer y la Comisión de Derechos Humanos que encabeza Marite Hernández Correa, desconcertó por su actuación.
«El caso es que no hubo una evaluación clara y no se calificó si un proceso tan importante, tan fundamental, y esto da lugar a varias interpretaciones, tal vez intereses, cuestiones de caprichos y se decidió en base a lo que ustedes quieran y lo importante no es que quede yo, sino que no existen los elementos que den credibilidad y certidumbre en la elección de los integrantes de este tipo organismos».
