Por: El Diablo Cojuelo
COMERCIO ELECTORAL: Con la llegada del proceso para elegir a los próximos representantes del pueblo de San Luis Potosí, también repuntan las prácticas de comercio electoral en donde, aprovechando diferentes situaciones y hasta adversidades, ciertos perfiles y partido ven la oportunidad de ganar adeptos y simpatizantes que puedan traducirse en votos el día de las elecciones. En lo que va del 2021, ya son varios los reportes que se tienen sobre este tema y, lamentablemente, hasta el momento no se ven acciones concretas para evitarlo y aplicar las sanciones correspondientes.
COMPRA DE VOTOS: La compra de votos no es un tema nuevo en tierras potosinas, desde hace muchas décadas se ha venido haciendo. Hay quienes insisten en que tanta culpa tienen los que compran el voto como quienes lo venden pues, al final, se requiere de ambas partes para que la transacción se pueda llevar a cabo. Organismos defensores de la democracia y civiles han llamado en infinidad de ocasiones a que la ciudadanía tome conciencia sobre estos hechos y evite caer en este tipo de situaciones que, desde luego, tienen serias consecuencias para la vida pública de San Luis Potosí.
LUCRO: Con las tradicionales despensas, con tortas o hasta con dinero en efectivo, los partidos y los políticos han podido permanecer o hacerse del poder. Mucho se insiste en que realmente se está lucrando con la pobreza pues, al no tener mejores oportunidades y no recibir apoyos regularmente, hay ciudadanos que ven en estas prácticas ilegales la única manera de conseguir algo, aunque sea migajas, de los políticos. A estos hechos, San Luis Potosí no es ajeno, desde diputados hasta candidatos a gobernadores han incurrido en esta práctica mañosa.
DENUNCIAS: Sobre la compra de votos y la repartición de despensas, de coerción y hasta de amenazas para que se vote a favor de tal o cual hay muchas denuncias, históricamente debe haber registros de las incontables quejas y acusaciones bien sustentadas que se han presentado ante la autoridad competente y de las que, lamentablemente, no hay resoluciones concretas ni favorables para la población pues, al final, luego de todo el proceso, se termina dando carpetazo al tema y pues, ni la vergüenza porque pareciera que no hay quien proceda y castigue.
AUTORIDADES OMISAS: Es un eterno “echarse la pelotita”; que si es el CEEPAC quien tiene que investigar la compra de votos, que si es el INE, que si es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Lo cierto es que pasan los años y la ley parece que nunca es tan clara como para definir quién debe encargarse de cada tema, es como si existiera cierto contubernio, cierta complicidad entre las autoridades correspondientes, los partidos y los políticos para que todo se hagan de la vista gorda y nadie haga nada a pesar de la evidencia.
DELITOS: La compara de votos es sólo la punta del iceberg. Tras esta práctica se esconden muchos delitos como puede ser el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita para promover campañas o perfiles específicos. Es claro que quienes lo hacen están conscientes y saben bien del tema. A estas alturas, ya no se pueden compartir culpas con un pueblo empobrecido, se tiene que buscar la manera de que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para determinar quiénes y en qué condiciones están metidos en este tema que, se debe insistir, es un delito.
IMPUNIDAD: Dado que ni siquiera queda claro qué instancia debe atender qué temas sobre los delitos electorales y todo lo que ello implica, es muy probable que tampoco se sepa qué tipo de sanciones se deben aplicar a los políticos que incurren en estos hechos. Se debe recordar que, en cuestión de leyes electorales, San Luis Potosí enfrenta un serio rezago y retraso pues, a la fecha, la ley que rige los procesos democráticos data de hace varios años. No está actualizada. Ello permite que el grado de impunidad se dispare y que nadie pueda hacer algo para evitarlo.
HARTAZGO: Entre negligencias, omisiones y demás situaciones que en nada favorecen a la democracia, sino que, por el contrario, favorecen la proliferación de prácticas ilegales, el hartazgo entre la ciudadanía va en aumento pues pareciera entonces que las instituciones no son garantes de la democracia, sino que tienen planes ya bien definidos para que tal o cual llegue al poder, en consecuencia, las campañas, la jornada electoral todo el proceso no es otra cosa más que una simulación fraguada para imponer a alguien en los espacios de representación popular.
REPRESENTANTES POPULARES: A pesar de que se sabe que ciertos candidatos son delincuentes, por haber incurrido en delitos durante el proceso electoral, pasa en muchas ocasiones que son justamente ellos quienes llegan a ocupar los cargos públicos. El ciudadano tiene entonces la responsabilidad de informarse, de denunciar y defender su elección para, con ello, impulsar la renovación de las instituciones públicas pese a la pérdida de credibilidad, el descontento y la desconfianza que prevalece en torno a las mismas.