En este momento de pandemia por coronavirus y de crisis económica de nuestro país y desde luego que también para nuestro Estado una de las alternativas para superar esta crisis económica es precisamente la austeridad en el gasto público, ya que al fin de cuentas es esto, la falta de austeridad, lo que llevado al país y al Estado a esta situación económica casi insalvable.
En este momento es necesario redireccionar los recursos económicos para atender la crisis de salud y respaldar a la población que se ha quedado sin empleo o que han tenido que cerrar definitivamente sus negocios como el caso de los restaurantes.
Las consecuencias del mal empleo de los recursos públicos y la falsa austeridad han acentuado sobremanera la mala distribución del ingreso y la desigualdad social; no es sorpresa que la apatía de la ciudadanía y su malestar con la clase política vayan en ascenso de la mano de una disminución del sentimiento de cohesión social y de unidad nacional, sobre todo al ver que en el país existe un segmento poblacional que tiene la posibilidad de vivir ya no sólo con comodidad sino que su ambición los ha llevado a buscar lujos exagerados.
Este segmento poblacional se llama burocracia. Que por cierto lleva un año sin trabajar, pero recibiendo sus sueldos y prestaciones puntualmente.
La escalada de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son en buena parte responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social que a pesar de los discursos no llega a la población que más lo requiere, ya que solamente les dan promesas para quitarles el voto.
El concepto de austeridad debe revaluarse, librarlo de dogmas y aplicarlo para acabar con el dispendio y la ineficiencia de la burocracia gubernamental; el gasto público debe aplicarse a proyectos productivos y de desarrollo social ya no a los altísimos sueldos que perciben los burócratas.
El gasto tiene que reprogramarse para disminuir la desigualdad de ingresos y oportunidades en el país; los responsables de las políticas públicas deben tener presente que una sociedad democrática, que traería una nación justa, equitativa y con oportunidades no es compatible con las grandes desigualdades sociales como las que hoy se viven en México y en nuestro Estado y de las cuales se aprovechan algunos partidos políticos.
Se habla de una falsa austeridad porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionarios y servidores públicos; cotidianamente se conocen casos de corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilegales que se nutren del erario, mientras continúan los recortes hacia el gasto social.
En muchas ocasiones el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados; es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado; incluso en el transporte público y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público.
Un claro ejemplo de ello son las carreteras de cuota y ahora en muchas ciudades el agua potable en manos de particulares porque la corrupción de los Ayuntamientos no permitió proporcionar este servicio, lo mismo que la recolección de basura, el alumbrado público, los rastros, los mercados públicos etcétera.
Se requiere una autentica austeridad empezando por la llamada burocracia en todos los niveles.
Por ejemplo los burócratas del Estado y del ayuntamiento capitalino no están afiliados al IMSS como cualquier trabajador en México y exigen bajo la amenaza, como sucedió hace algunos días, de que si les retiran el servicio médico de los hospitales más caros de San Luis pararían de golpe todas las actividades del gobierno del Estado.
E s necesaria la austeridad auténtica empezando por la burocracia federal, estatal y municipal en todos sus niveles.
