- Dueños de automóviles se han convertido en los grandes proveedores de recursos del gobierno
Al parecer los dueños de automóviles se han convertido en los grandes proveedores de recursos del gobierno del Estado esto ha sucedido durante décadas desde que se aplicaba un impuesto a los automovilistas para apoyo al deporte en las décadas 50 y 60 del siglo pasado que nunca se supo quién lo manejaba ni benefició a nadie.
Para 1968 el gobierno de la República se comprometió imprudentemente a organizar los Juegos Olímpicos sin tener recursos económicos para ello. Echando mano de un impuesto emergente que se denominó «tenencia vehicular»; y que se advirtió que únicamente se aplicaría para financiar los Juegos Olímpicos de 1968 en México.
Aun sin embargo pasaron los años y el gobierno de la República siguió cobrando este impuesto, que posteriormente transfirió íntegro a cada uno de los estados de la República, los cuales alegremente estuvieron cobrando este impuesto al cual en su momento le adjudicaron recargos, multas, actualizaciones y otros accesorios fiscales hasta convertirlo el auténtico monstruo fiscal del Estado.
Este impuesto denominado tenencia vehicular se aplicó sin mayor explicación durante 46 años, ya que se tenía que pagar un impuesto por tener lo que era de la propiedad particular de los ciudadanos y por cuyo impuesto no se le ofrecía nada al contribuyente.
Llegando al estado de San Luis Potosí a recaudar anualmente entre 350 y 400 millones de pesos que pagaban los automovilistas por el hecho de ser propietarios de un vehículo automotriz; esta situación ubicaba a nuestro país en un atraso fiscal de varios siglos debido a lo imprudente y totalitario de este impuesto.
Debido a la rebeldía creciente de los contribuyentes el impuesto se fue eliminando en diferentes estados de la República siendo el estado de San Luis Potosí uno de los últimos en eliminar este impuesto.
Aun sin embargo la Secretaría de finanzas no podía desprenderse de 400 millones de pesos y diseñaron un nuevo impuesto para seguir esquilmando al automovilista con más recursos económicos. A este impuesto con la complicidad del Congreso del Estado se le llamó «verificación vehicular» con lo que el gobierno del estado volvería a obtener más de 400 millones de pesos anualmente de los automovilistas potosinos.
En una fundamentación tibia y ramplona se busca supuestamente preservar el medioambiente derivado de la contaminación que causan los vehículos automotrices, con la aplicación de esta medida que a todas luces es recaudatoria y que de ninguna manera pretende preservar un medio ambiente saludable, el gobierno del Estado recaudará por la vía impositiva más de 700 millones de pesos en 2021.
Desde luego el que no cumpla con esta imposición del gobierno estatal será sancionado y en su caso el vehículo será embargado por las autoridades fiscales estatales.
En concreto la recaudación que por concepto de tenencia obtenía el gobierno del estado, no la perderá, simplemente le está cambiando de nombre.
Además de esto los automovilistas tienen que pagar los costos de que México se incorpore al mercado internacional de las gasolinas y tendrá que pagar hasta un 20% más por cada litro de combustible.
Haciendo la acotación de que el gobierno del estado obtiene una importante partida presupuestal por este incremento a la gasolina, es decir, por cada litro que se venda al gobierno estatal se le entrega un determinado porcentaje que paga el automovilista.
Por eso es que en una propuesta congruente al apoyo del gobierno del Estado a los automovilistas, debe de derogarse el ordenamiento que obliga a los automovilistas a pagar por el llamado control vehicular.
Esta reforma la puede proponer el propio gobernador del estado al Congreso local o directamente los diputados pueden proponer esta derogación en beneficio de los automovilistas.
Por su parte el ayuntamiento debe de quitar el cobro de estacionómetros que no es más que otra sangría para los automovilistas; si realmente se quiere apoyar a la población tanto el gobierno del Estado como el ayuntamiento capitalino pueden quitar el control vehicular y suprimir los estacionómetros.