La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hizo pública este lunes las sanciones que aplicó a bancos y personas físicas que establecieron acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental.
Las multas que interpuso Cofece ascendieron en total a 35 millones 75 mil pesos.
Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders) fueron los sancionados, pues su actuación, dijo la Cofece, afectó algunas operaciones del mercado secundario de valores gubernamentales entre 2010 y 2013.
De acuerdo con el resultado de la investigación de colusión en el mercado de bonos gubernamentales que duró varios años, la Cofece encontró evidencia de que 7 bancos y 11 traders pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio, o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental.
La Cofece consideró que este caso resulta relevante porque desestabiliza las condiciones que facilitan la realización de acuerdos ilegales en el sector financiero. Este mercado debe ser confiable y competitivo pues puede tener un gran impacto en las finanzas públicas y en las posibilidades de ahorro del público inversionista.
La Comisión acreditó, en el expediente IO-006-2016, que los bancos y traders mencionados establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas (no acuerdos generales), mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.
Dado que las multas fueron con base en la ley anterior, la Cofece explicó que ahí se establecen montos menores de sanción en comparación con la actual LFCE, y existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado. La capacidad económica del sancionado sirve para fijar, en su caso, el tope máximo.
Este caso es relevante porque la resolución hace valer la ley en el sector financiero; además disuade acuerdos ilegales en el sector, sea entre los bancos o las personas que actúan en su nombre, al desestabilizar las condiciones que facilitan acuerdos de este tipo. Gracias a la intervención de la Cofece ya hubo cambios en la forma de interactuar de estos agentes económicos.
