En 1969, a días de haberle jurado a México amistad, el presidente Nixon ordenó el cierre de la frontera terrestre con México en lo que fue llamada Operación Intercepción para revisar autos en busca de droga. Fue una agresión vecinal que buscó doblar al gobierno del presidente Díaz Ordaz, culpándolo del consumo de drogas metidas a territorio estadunidense de contrabando.
La decisión mexicana de revelar el expediente de la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos Zepeda la semana pasada fue una decisión soberana del gobierno mexicano ante las quejas de la agencia antinarcóticos de que se estaba encubriendo un caso de complicidad institucional con un cártel del narco responsable del tráfico de drogas al interior de los EE. UU.
El incidente de la DEA ocurrió en un tiempo político de vacío institucional: el gobierno de Trump iba de salida y el de Biden había quedado atrapado en la telaraña del conflicto poselectoral. El secretario mexicano de la Defensa Nacional 2012-2018 había sido arrestado de manera sorpresiva y espectacular en Los Angeles, cuando aterrizaba en viaje familiar y encerrado en una celda. El juicio en su contra se abrió en una corte de Brooklyn, Nueva York, cuando aun estaban latentes los climas dejados por los casos Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna,
Las autoridades judiciales de los EE. UU. habían criminalizado a dos altos funcionarios y un capo con acusaciones de traficar toneladas de droga para los casi 30 millones de adictos estadunidenses y probablemente otros 50 consumidores más. Las acusaciones de la fiscalía insistieron en que los tres personajes eran responsables de introducir la droga a territorio estadunidense, pero sin inculpar a funcionarios, policías y autoridades de seguridad estadunidense sin las cuales la droga nunca hubiera podido ingresar. Y a ello se debe agregar el dato del Departamento de Justicia: la venta de droga al menudeo –es decir: dosis para consumo– en más de tres mil ciudades estadunidenses es controlada por miembros mexicanos y cómplices locales de cuando menos siete cárteles mexicanos que operan con libertad dentro de los EE. UU. en la introducción, distribución y venta de droga y luego del lavado de dinero.
La crisis en las relaciones bilaterales de seguridad por el expediente de la DEA sobre el general Cienfuegos tuvo dos puntos importantes: terminó el viejo modelo de tolerancia en el funcionamiento de los cárteles en México y en los EE. UU. y marcó las relaciones diplomáticas en un asunto de perfil de seguridad nacional. El tratado comercial e inclusive el rubro de las inversiones estadunidenses en México pasaron a segundo nivel. El enojo y la estridencia de la DEA y el vacío institucional en la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de los EE. UU. por el desdén del presidente Trump a esas oficinas a lo largo de cuatro años de gobierno estallaron en dos tiempos: el arresto del general mexicano y su liberación y la revelación pública del expediente acusatorio de la DEA.
Lo que parece olvidarse es un tema intermedio entre el arresto/liberación y la difusión del expediente: la reforma mexicana a la Ley de Seguridad Nacional para someter a control y supervisión a los agentes extranjeros que antes operaban por la libre en México y obligarlos a acuerdos estrictos de cooperación, intercambio de información y operaciones conjuntas. El embajador estadunidense Christopher Landau criticó que México hubiera rechazado recibir tecnología para detectar contrabando de armas y México respondió diciendo que no necesitaba tecnología, sino que el gobierno de los EE. UU. –el principal contrabandista de armas en el mundo– frenara las armas que salen de su país hacia México.
La narcodiplomacia México-EE. UU. no es el mejor terreno para relaciones bilaterales, pero el abuso estadunidense en la imposición de sus condiciones unilaterales de seguridad nacional había subordinado a México a obedecer a las agencias estadunidenses. El presidente Obama creó la estrategia de seguridad en materia criminal que bautizó a los cárteles mexicanos como “organizaciones criminales transnacionales”, asumiendo derechos unilaterales para meterse a México sin permiso para operar persecución y castigo contra narcos que exportaban la droga a EE. UU. De nueva cuenta este modelo ignoró que el ingreso, distribución, venta y lavado de dinero de la droga sólo puede ocurrir con la complicidad de instituciones y funcionarios del gobierno de los EE. UU. Obama, en cambio, nunca decidió un combate interno contra el narco y sólo se conformó con trabajar sobre las adicciones a posteriori.
El problema no es la DEA ni los acuerdos, sino la urgencia de que los EE. UU. reconozcan que son la mitad del problema. En la droga, la demanda determina la oferta. Si no hubiera consumidores estadunidenses por sí mismos o hasta inducidos como forma de control social, la droga no sería objeto de comercio masivo. Se ha dado el caso de que Los Zetas, un cártel casi en extinción en México, siguen operando con fuerza en los EE. UU.
El caso de la DEA-Cienfuegos creó las condiciones para que Mexico comience a definir una estrategia propia de seguridad nacional y no seguir dependiendo de los EE. UU. En la Operación Intercepción de 1969 México cedió su seguridad nacional a la de los EE. UU. y ahora el incidente con la DEA puede marcar la fijación de una doctrina de soberanía mexicana en materia de seguridad nacional frente –y no abajo– de los EE. UU.
Zona Zero
· Aún no se ha analizado, con enfoque estratégico, el golpe contra el general Cienfuegos basado en testimonios hoy conocidos que carecían de valor pericial. El arresto había afectado al ejército como la garantía de la soberanía y la seguridad nacional de México, en una fase de expansionismo imperial de los EE. UU.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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