- Descubren la participación de ex director administrativo
- Lo acusan de falsificación de firmas y abuso de confianza
Víctimas de fraude de los Servicios de Salud y del empresario Gabriel Alan Salazar Soto ampliaron su denuncia por falsificación de firmas, abuso de confianza y lo que resulte por el perjuicio que han sufrido que llevo a su empresa QuickShine a la quiebra, dejándolos sin patrimonio.
El abogado de las víctimas, Tomas Coronado Zarate confirmó la ampliación de la denuncia por irregularidades que detectaron como falsificación de firmas y hasta el pago de una fianza año después de que se emitió la firma. Además, denunció que sido amedrentados por el personal de la Secretaría de Salud y por gente Gabriel Salazar, por eso tuvieron que suspender una rueda de prensa la semana pasada porque el empresario llego con un grupo de choque.
Las victimas Olivia Guadalupe Sánchez Enciso y Leo Martínez Acuña señalaron que ante la Fiscalía General del Estado se presentó una ampliación de la denuncia, ya que se descubrió la participación de otra persona que era director administrativo de la Secretaría de Salud, Antonio Hernández Hernández, ya que se descubrió en la página de transparencia de la dependencia un contrato apócrifo donde está la firma de las víctimas, el cual aseguran jamás signaron por lo que hubo falsificación.
Guadalupe Sánchez dijo que dicho contrato es por 3 millones y medio, el cual los llevo a tener problemas con el SAT y a que su empresa QuickShine quebrara, y por eso quieren expresar su malestar y la preocupación por la falta de administración de justicia por parte de la Fiscalía.
“Por favor que se haga justicia, esta persona anda como si nada, robó a mucha gente y nos dejó sin de empresa, no es posible que se ande paseando como si nada y agarrara con la prensa diciendo que es una persona muy honorable, es un verdadero sinvergüenza porque a nosotros nos utilizó, nos metió en problemas con el SAT y para el obtener jugosas cantidades en sus cuentas por medio transacciones con la Secretaría de Salud, y a nuestro patrimonio lo llevó a la calle”, reprobó.
Al respecto, Leo Martínez aseveró que tienen el contrato con el cual le hizo fraude a su empresa por los tres millones y medio, el cual tiene un sello de la Auditoría Superior del Estado y que fue firmado el 3 de julio del 2018.
“Este contrato fue generado el 31 de marzo del 2017 y ese mismo día se realiza la transacción o transferencia y factura todo en menos realizado de 36 horas, y yo nunca estado en la Secretaría de Salud pueden verificar en los videos y listas de asistencia en las casetas de vigilancia, y cómo es posible que yo hubiera firmado un contrato en la Secretaría de Salud, por eso se está realizando este ampliación de demanda por falsificación de firma, por fraude realizado en nuestra empresa, donde ostentando ser como nuestro contador hizo mal uso de nuestra empresa utilizando nuestros sellos fiscales para poder generar la factura”.
Abundó que se generó esta transición haciendo mal uso de su identidad fiscal y es cuando Gabriel Salazar les dice que tienen que regresar el dinero porque fue un error de sus empleados, “y esto se agrava más cuando tenemos el contrato firmado y nos estamos dando que este contrato tiene un sello por parte de la ASE del 3 de junio del 2018 y luego aparece después de un año una fianza”.
Las victimas reiteraron que sólo quieren que haya justicia y que haya una reparación del daño causado, puesto que perdieron su patrimonio que era su empresa y ahora hasta tienen problemas fiscales.